El
objetivo del nuevo plan de choque del anterior Ministerio de Función Pública, ahora unido al Ministerio de Hacienda, es claro:
reducir la temporalidad en el sector público al 8 por ciento. Sin embargo, hay quién ve más dudas que certezas a la hora de aplicar la reforma aprobada elpasado martes en Consejo de Ministros.
La esperanza de muchos era que esta ley pudiera dar respuesta a las demandas surgidas a raíz de la
sentencia del Tribunal Supremo sobre la
conversión del personal interino a indefinido no fijo en un plazo máximo de 3 años. No obstante, hay expertos como Fabián Valero que creen que "todo va a ser mucho peor" y lejos de apaciguar las quejas, la nueva ley,
"disparará las demandas" procedentes del sector sanitario.
Los motivos son dos, explica el director de
Zeres Abogados. Por un lado, el hecho de que el nuevo proyecto "
no de respuesta a las exigencias derivadas de la directiva comunitaria" y por otro, la cantidad de
procesos selectivos que habilitará la nueva ley, con decenas de miles de
empleados públicos temporales "expuestos a irse a la calle" y con "riesgo incluso de ser expulsados de la bolsa de empleo". "
Lejos de reducir la litigiosidad, la va a disparar", pronostica Valero, convencido de que el acuerdo es negativo para el personal, en cuanto a que "les recorta derechos".
Reducción "artificial" de la tasa temporal
Considera que la
reducción de la temporalidad que se plantea es, incluso,
"discutible" al hablar del límite máximo de 3 años que podrá permanecer un interino en su plaza de acuerdo con la nueva ley. Y es que el objetivo del 8 por ciento
sería aplicable a las "plazas estructuradas", y no a las "
plazas de acúmulos, de campañas...", tal y como recoge su último apartado.
Tampoco tendrá efectos sobre la eventualidad, la ampliación de la duración de nombramiento de un
interino por acumulación de tareas, "que pasa de 6 a 9 meses", según opina Valero. La nueva medida tendría efecto únicamente sobre el personal interino en vacante, que son "los que quieren echar
sin indemnización o con la más pequeña posible". El resto, asegura, deberán "moverse" si quieren conseguir algún tipo de contraprestación.
En cualquier caso, el abogado no ve que las indemnizaciones planteadas sean una medida "adecuada", sino que es incluso "discriminatoria". Para optar a ellas, "hay que presentarse a una oposición o ser cesado, ya que si sacas plaza a pesar de haber sufrido el abuso no te indemnización". Además, "si coincide con parto o situacion de paternidad o baja, te quedas sin nada porque
te pueden llegar a echar de las bolsas", puntualiza.
En conclusión, Valero considera que "
no se va a llegar de lejos" a la tasa fijada y "el SNS seguirá moviéndose en una temporalidad del 35 por ciento". En todo caso, añade, "la reducirá artificialmente pero no va a solucionar el problema que tenemos", De hecho, no descarta que, durante el año que se establece para implementar el Estatuto Marco, la Administración "busque otras fórmulas" para seguir permitiendo este tipo de escenarios y "abusos", ya que "mientras que sea pagar 20 días, le va a seguir saliendo económico".
Interinos a indefinidos a extinguir
Aún así, la mejor solución para reducir la temporalidad, apunta este abogado, pasar por estabilizar a las personas que están ocupan plazas en fraude,
"sino fijos que es más complicado, indefinido a extinguir, o lo que es lo mismo, que se queden ocupando esa plaza hasta que alguien la cubra". Como plazo máximo, Valero sí ve adecuado el
mismo peridoo del plan, 3 años, pudiendo a largarse a 4 en aquellos casos de que la interinidad no salga en el año que salga convocada. A partir de ahí, salvo que haya una circunstancia excepcional, considera que debería tratarse como un fraude y la persona afectada debería ser indemnizada.
La sentencia del Alto Tribunal, afecta
solo al personal laboral y no al estatutario, por lo que también se antoja "insuficiente" a la hora de resolver las demandas del personal sanitario, ya que la mayoría quedarían excluídos de su ámbito de acción.
La única opción de hacerlo extensible es que el colectivo de Salud "demande", apunta este abogado. Aconseja hacerlo ahora, en un "momento clave" en el que
"hay que aprovechar la inercia de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea". "Han abierto un camino muy interesante para que esa jurisprudencia comunitaria se consolide a nivel nacional".
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