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El Gobierno elimina el veto a personas con VIH o diabetes en empleo público

Estiman que esta medida podrá beneficiar a cerca de 7 millones de personas

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.

30 nov 2018. 14.50H
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El Gobierno ha aprobado durante el Consejo de Ministros un acuerdo para eliminar, por "discriminatorio", el veto al empleo público a pacientes con VIH, diabetes, psoriasis o celiaquía, así aproximadamente 7 millones de españoles afectados por estas patologías podrán tener acceso a las próximas convocatorias públicas.

"Hemos previsto que esto puede afectar a 7 millones de personas que ven frustradas sus oportunidades de empleo público en condiciones que el Gobierno considera discriminatorias. Todos los requisitos científico-médicos nos avalan, por el simple diagnóstico de estas enfermedades no se puede cerrar el paso al que quiere acceder a la función pública", ha señalado Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.

"Se trata de millones de hombres y mujeres que por un simple diagnóstico ven reducidas sus posibilidades de obtener un trato de igualdad", de modo que el Gobierno ha decidido levantar las causas de exclusión por el diagnóstico médico en las pruebas de acceso. Asimismo, se proponen adaptar al caso individual de cada una de las personas que no se verán excluidas por el diagnóstico en las pruebas de acceso, "las condiciones de desarrollo del trabajo en una situación donde las evidencias científicas apoyan nuestra decisión".


Cumplimiento de la Constitución


Así, ha añadido, se trata de un acuerdo "importantísimo" en el que se ven involucrados "casi todos los ministerios", siendo el de Interior, Función Pública y Hacienda los más destacados, y que viene a cumplir el artículo 14 de la Constitución y, lo que es más importante, la "igualdad entre hombres y mujeres". "Lo hemos hecho de una manera rigurosa y coordinada con arreglo a las diferentes funciones que una vez accedida a la condición de funcionario público se pueden tener en España", ha explicado.

Esto significa que, desde el Gobierno, se pretende adaptar teniendo en cuenta las "circunstancias distintas" en el plano de la Administración civil, militar o en el caso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado e incluso en el empleo laboral. "Se trata de sostener un trato igualitario al máximo posible que nos podemos exigir, teniendo en cuenta que el artículo 14 de la Constitución nos invita constantemente a evitar la discriminación", ha reiterado. 

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