El Gobierno confirma que la subida salarial en sanidad "no peligra"

Los aumentos salariales para los empleados públicos pactados para 2023, con carácter retroactivo, y para 2024 "no peligran" a pesar del retraso inevitable que sufrirá su abono, que tendrá carácter también retroactivo. La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, es tajante al respecto en declaraciones a Redacción Médica. Aunque el departamento ministerial del ramo y los agentes sociales dejaron los incrementos del 0,5 por ciento ligado al PIB y del 2 por ciento fijo, respectivamente, firmados en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, su inclusión en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este ejercicio es conditio sine qua non para que se apliquen de forma efectiva. Con la lógica demora en la aprobación de esas cuentas fruto de los avatares pre y postelectorales del pasado año, fuerzas sindicales como CCOO abogaban por que el Gobierno adelantara las subidas mediante un Real Decreto ad hoc, fórmula adoptada en ocasiones anteriores para situaciones similares. Sin embargo, Sánchez Milán descarta esa posibilidad.

“Un RD de esas características sólo podría aprobarse en el caso de que los presupuestos tuvieran que prorrogarse porque no se hubieran aprobado en la Cámara”, explica a este medio. La titular de la Secretaría de Estado de Función Pública, ahora integrada en el Ministerio para la Transformación Digital dirigido por José Luis Escrivá, arguye: “Si hay unas cuentas en elaboración, no puede adelantarse a través de otra normativa ninguno de sus contenidos”.

Ello no supone sino la confirmación del principal temor al respecto de CCOO, que, ante la previsión de ese retraso en la aprobación de los PGE de 2024, había reclamado al Ejecutivo que incorporaran los incrementos salariales totales del 2,5 por ciento en el RD, aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros, para prorrogar las medidas contra los efectos de la inflación. “El Gobierno ha dejado en la estacada a 5 millones de trabajadores”, lamentó el coordinador del área Pública de CCOO, Humberto Muñoz, en declaraciones a este periódico.

Esta fuerza sindical estima que los PGE no estarán aprobados, al menos, hasta abril o mayo. Hasta entonces, los médicos de la sanidad pública dejarían de ganar algo más de 700 euros, contando lo que el Ejecutivo les ‘debería’ de todo 2023 y de ese periodo de 2024. En el caso de los técnicos sanitarios -el colectivo más afectado, según CCOO-, la cuantía sería de unos 240 euros.

"Poco interés” gubernamental hacia la Función Pública

La reciente reestructuración de ministerios y departamentos, con el citado Escrivá como nuevo responsable de la cartera de Función Pública, junto a Transformación Digital, ha sido acogida con cierto escepticismo por los sindicatos. El propio Muñoz manifiesta a Redacción Médica que, aunque “es pronto” para valorar el cambio y desea “todos los éxitos en su gestión” al ministro, “los sucesivos traslados de Función Pública a distintos ministerios son un hecho lamentable que denota el poco interés de los diferentes gobiernos por este ámbito, del que dependen los servicios públicos esenciales, nuestro Estado del bienestar y más de 5 millones de personas que trabajan para las administraciones públicas”.

Además, sostiene que la digitalización que requiere la Función Pública “no es suficiente para justificar la adscripción de este ámbito de gobierno al ministerio de Escrivá”. “Por encima de todo, lo público necesita un impulso político decidido, y eso no es posible sin apostar por una política de personal expansiva y por una financiación reforzada y al nivel de los países más avanzados en nuestro entorno”.