El
empleo sanitario goza de buena salud en España, donde hasta cuatro ramas vinculadas al sector copan el ‘ranking’ de afiliación a la Seguridad Social. Destacan los médicos, cuyo índice de
empleabilidad solo superan los ingenieros informáticos, pero también se ‘cuelan’ en la lista los enfermeros, los podólogos y los dentistas.
Los datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE) que recoge Fedea en su
informe sobre la universidad pública y la rendición de cuentas, suscrito por Benito Arruñada, reflejan que la empleabilidad entre los estudiantes de Medicina alcanzaba el
93,6 por ciento en 2019, un índice que ha evolucionado favorablemente durante los últimos años. El grueso de los administrativos ejerce en la administración o por cuenta ajena (92,6 por ciento), mientras que el 0,7 por ciento son autónomos.
Lo cierto es que la ocupación en Medicina es sensiblemente más elevada que en
Enfermería (82,7 por ciento), que según el INE registra un índice del 82,5 por ciento. El 81,5 por ciento de estas profesionales
trabaja por cuenta ajena frente al 0,4 por ciento que lo hace por cuenta propia. Otro 15,4 por ciento ejerce en ambos apartados.
La empleabilidad en el sector enfermero es muy similar a la de
Podología (82,2) y ligeramente más elevada que la de
Odontología (80,3). Destaca en esta última rama el peso de los autónomos (40 por ciento) frente a los que trabajan por cuenta ajena (24,9 por ciento).
No afiliados en profesiones sanitarias
Respecto a los datos de
no afiliación, sobresale el sector de la
Enfermería, con un 17,5 por ciento, mientras que entre los podólogos la tasa es del 11 por ciento. En el caso de los odontólogos, el índice se sitúa en el 19,6 por ciento.
La tasa más baja es la que presentan los médicos, con un 6,4 por ciento. De nuevo, solo en Ingeniería de computadores existe un índice inferior (2,2).
Ley de Universidades
En cualquier caso, los analistas de Fedea son pesimistas respecto al papel que jugan las universidades en el empleo. Según este estudio, la situación de los centros públicos “sugiere que en la actualidad podrían estar
sirviéndose más a sí mismos que a la sociedad”, y considera necesarias “reformas sustanciales” para mejorar la situación.
“La universidad padece un sistema de gobierno anómalo y un grave déficit de rendición de cuentas, pero el proyecto de ley pretende
aumentar su financiación pública sin mejorar su gobierno ni asegurar su rendición de cuentas. En esas condiciones, en caso de prosperar el prometido aumento de gasto, es probable que sirva tan sólo el interés privado de los universitarios, pero no el interés público”, concluye.
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