Arranca el plan Iceta: 150.000 sanitarios, a la espera de una plaza fija

El nuevo plan de choque contra la temporalidad en el sector público echa a andar este jueves. El proyecto entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los principales sindicatos se sellaba a principios de semana con la firma de un acuerdo que tendrá, como objetivo, reducir la tasa de personal eventual hasta el 8 por ciento en sectores como el sanitario. 

Con un 38 por ciento de temporalidad actual, el ámbito de la Salud, es, de hecho, el "más castigado" por esta condición, según explica a Redacción Médica Humberto Muñoz, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), como uno de los sindicatos firmantes del pacto, aprobado este martes en Consejo de Ministros y publicado 24 horas más tarde en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En términos numéricos, se espera que este plan suponga la estabilización de los entre 150.000 y 200.000 trabajadores interinos con los que cuenta el SNS en estos momentos desde este año y hasta 2024. Y es que, la reforma, fija en 3 años el máximo que un profesional podrá permanecer en calidad de interino a la espera de que la plaza sea ocupada por un funcionario. Solo se podrá volver a ocupar en régimen de interinidad si el puesto, de convocatoria obligada, queda desierta. También quedarán incluidos aquellos interinos que hayan cumplido 3 años en el puesto antes del 31 de diciembre de 2020. 

Se trata, por tanto, de un proceso de estabilización "extraordinario por el número de plazas a convocar y excepcional en cuanto a los mecanismos a emplear", tal y como explica Ana María Francés, secretaria de Sanidad de UGT. 

Tasa adicional de reposición

A ello, habrá que sumar una parte de los cerca de 50.000 profesionales en situación de eventualidad en el SNS. En concreto, aquellas contrataciones "anómalas" en las que el personal ocupe una plaza fija, y que, por tanto, también entrarían en el proceso. Lo harán a través de la "tasa adicional de reposición", que incorpora como novedad el acuerdo, y que no "consume la tasa normal de reposición establecida". 

Este es de hecho, uno de los puntos más aplaudidos por la parte sindical, tras años de demandas en las que se pedía la eliminación de esta tasa, concebida como "una losa" dentro del sector, capaz de sortearse únicamente con contrataciones eventuales sobre plazas que son estructurales. Esta tasa impide "adecuar las plantillas orgánicas a las necesidades reales de los servicios de salud para dar respuesta a la población", añade Francés.

Aunque no cumple con "todas sus expectativas", los sindicatos valoran que se modifique el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para evitar la temporalidad futura y se establezca un límite de un año para que las administraciones apliquen las medidas del Real Decreto-ley 12/2021 de 6 de julio, al personal estatutario y equivalente de los servicios de salud "de acuerdo con las peculiaridades propias del régimen jurídico del sector sanitario". 

Con la modificación de la cláusula, se va a permitir "por primera vez y hasta 2024 incrementar la plantilla del SNS haciendo fijos todos esos puestos cubiertos por personal temporal", en un intento de volver a los "niveles de hace una década" y subsanar la pérdida de unos 60.000 puestos en la Sanidad Pública durante los últimos años. 

Ahí, la Administración deberá actuar "de buena fe" e identificar como plazas estructurales aquellas cubiertas como eventuales para sumarlas al proceso, cuyo objetivo, explica el portavoz, es "dar facilidades a los profesionales para estabilizar su puestos de trabajo". 

Experiencia profesional e indemnizaciones al personal fuera de OPE

En cuanto al proceso selectivo, ambos sindicatos agradecen que se hayan tenido en cuenta sus demandas en la negociación y se otorgue finalmente un peso mínimo del 40 por ciento a la fase de concurso, en la que se valorará "mayoritariamente la experiencia profesional". De esta forma, "una persona que lleve 10 años como empleado público tendrá una ocasión de verdad para aprobar el proceso", afirma el portavoz.

En este sentido, también será clave la "indemnización obligatoria" que establece el documento para aquellas personas que no superen la OPE y vayan al paro. Según el sindicato, este requisito supondrá una medida disuasoria a la hora de plantear "exámenes durísimos" como en años anteriores, ya que "cuántas más personas no saquen la oposición más elevada será la factura indemnizatoria que tendrán que pagar las administraciones". El proceso, resalta Francés, será más "flexible que en años anteriores". 

Aún así, las personas que no hayan superado la oposición quedarán reflejadas en una lista y tendrán prioridad en el acceso a plazas de empleo público, "con contratos conforme a ley" en bolsas específicas para este colectivo.

Acorde a la normativa europea 

Ambos sindicatos confían en que, al contrario que en ocasiones anteriores, el acuerdo "se cumpla" ante la seguridad que le otorga estar amparado en un texto normativo, acorde con el marco jurídico nacional, el de la comunidad europea y "cumpliendo los principios constitucionales de libre concurrencia, igualdad, méritos y capacidad". A este respecto, agradecen que se haya fijado un calendario de negociación en el mes de septiembre para avanzar en materias relativas a la promoción interna, la provisión, la movilidad, etc.
 
Este convenio, supone un mecanismo de ayuda para "la inmensa mayoría de las personas que han hecho un sacrificio por sacar el sistema adelante poniendo en riesgo su salud y no tienen la culpa de que las administraciones los hayan contratado de una manera anómala". También para el SNS en general, con una situación asistencial que se antoja "complicada". "Es muy difícil mantener una cartera de servicios tan avanzada como tiene España con un personal tan precario y tan escaso". Desde UGT, aseguran que aunque una tasa reducida es aceptable, una temporalidad "tan alta" no "se puede seguir soportando".