La estabilidad laboral de los sanitarios interinos corre serio peligro después de la sentencia que emitió el pasado 26 de septiembre el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.° 6 de Sevilla, la cual no reconoce judicialmente el carácter indefinido de una funcionaria que había denunciado estar en una situación laboral fraudulenta. Se trata de la primera sentencia desfavorable en este sentido desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentase jurisprudencia en 2016, considerándose desde entonces abusivo el encadenamiento de nombramientos temporales para un mismo puesto.
En el caso juzgado en Sevilla, la jueza rechazó la demanda de una trabajadora social de Camas, quien llevaba trabajando para el Ayuntamiento desde hacía diez años en situación de interinidad y la cual solicitaba que se le reconociese un estatus de indefinida no fija. Un precedente extrapolable al ámbito sanitario, donde este tipo de contrataciones son recurrentes.
Una decisión que podría afectar a 150.000 profesionales sanitarios
La sentencia antepone la temporalidad del programa –en este caso concreto, para desempeñar labores como técnico de dependencia- que la Junta de Andalucía asigna a un empleado a su antigüedad, al tiempo que esgrime que, al estar sujeto a la aprobación de acuerdos anuales de financiación, no procede conceder un estatus indefinido al empleado. Alude, asimismo, al artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, que legitima este tipo de contrataciones ante la necesidad de reforzar puntualmente los servicios sociales de un municipio.
Es un caso análogo al de tantos otros en el sector sanitario, donde se contrata a personal en situación de interinidad en base a programas cuya financiación debe ser aprobada anualmente. Sin embargo, si esta sentencia cambia la tendencia actual, amenaza con destruir las buenas cifras de las que puede presumir Andalucía. Con unos 50.000 interinos (18,7 por ciento del total de empleados públicos), es de las comunidades autónomas menos inestables, aunque en el caso del sector sanitario, la proporción se dispara hasta el 35 por ciento(31.000 profesionales de un total de 89.000).
En total, en España la temporalidad del sector público alcanza el 23 por ciento de media, mientras que en el sector sanitario asciende por encima del 30 por ciento. Las cifras suponen que, de casi medio millón de profesionales sanitarios, unos 150.000 están en situación de interinidad. Y, tras este vuelco judicial, podría ser mucho peor.
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