Una vía legal permite al gestor denunciar de oficio agresiones a sanitarios

Los últimos informes han revelado que las agresiones a médicos, enfermeras o administrativos continúan al alza en la sanidad, a pesar de que solo una pequeña parte termina materializándose en una denuncia formal. Este fenómeno se acrecienta todavía más en los barrios o entornos rurales donde los sanitarios pueden sufrir el temor a encontrarse posteriormente con sus agresores. Sin embargo, las condiciones del actual marco normativo español ofrecen una vía legal para que sean los propios gestores los que actúen de oficio para poner en conocimiento estos ataques, incluso si las víctimas se inhiben.

Aunque los responsables de algunas áreas sanitarias han advertido sobre las dificultades para denunciar por su cuenta las agresiones a sanitarios tras las reformas del Código Penal de las últimas décadas, los expertos consultados por Redacción Médica han revelado que sí que es posible hacerlo. El motivo radica en que tanto las agresiones físicas como las coacciones o las amenazas forman parte de los delitos de carácter “público”.

“Es el Ministerio Fiscal el que va a realizar la persecución incluso en el supuesto que la persona ofendida por el delito quisiera no seguir adelante o renunciar a la posible responsabilidad civil que se genere por el delito”, ha apuntado a este periódico Esperanza Marcos, abogada especializada en derecho sanitario.

Para poder activar este procedimiento, la experta ha apuntado a que lo importante es que los gestores, los compañeros de profesión o incluso los pacientes pongan siempre en conocimiento de la Policía Nacional o la Guardia Civil cualquier agresión de carácter físico o verbal que se produzca en un centro sanitario, lo que permite poner en marcha la maquinaria judicial. “Es perseguible no solo a instancias de la víctima sino de quien tenga conocimiento”, ha subrayado.

Marcos ha explicado que la condición de delito “público” es la vía que permite actuar de oficio al margen de las víctimas. Una realidad que, por ejemplo, no ocurre con las calumnias o las injurias que son considerados de tipo “privado” y en los que sí que es imprescindible que la víctima se persone en el caso, ya que se abre la puerta a que llegue a un acuerdo de perdón con los infractores.

Los testigos de las agresiones a sanitarios 

Otra de las claves ante una denuncia de una agresión sanitaria de oficio pasa por las pruebas necesarias para probar el delito sin el testimonio de la víctima. La experta en derecho sanitario ha explicado que, en todo caso, puede haber varios métodos para demostrar la “causalidad” de los hechos. Los partes de lesiones realizados por otros médicos, la asistencia del personal psicológico tras una amenaza, así como los testimonios de otros pacientes o compañeros juegan un papel importante en este sentido.

“En derecho penal hay un principio de presunción de inocencia, salvo que se pruebe la culpabilidad. Lógicamente quien tiene que demostrar no solamente que ha ocurrido el hecho, sino que es imputable a alguien, es el denunciante o el acusador público, que en estos casos es el fiscal”, ha agregado Marcos.

Récord de agresiones a sanitarios en 2022

El debate sobre los límites legales para imponer denuncias llega después de que 2022 se haya convertido en un nuevo año récord de agresiones. La Organización Médica Colegial ha registrado 843 casos en el último ejercicio, lo que representa un aumento del 38 por ciento. A la ecuación hay que sumar los 1.629 reportados por el Consejo General de Enfermería (CGE). Sin embargo, apenas 625 se han traducido en una denuncia formal ante las autoridades.

El perfil más afectado por las agresiones ha sido de nuevo el de las mujeres, que representan la mayoría de los casos, especialmente las de los tramos de edad más jóvenes. Mientras que la Atención Primaria suele ser el escenario más habitual de los hechos. Entre los principales motivos, se encuentran los conflictos por la práctica asistencial, las discrepancias con el diagnóstico o las quejas por aspectos estructurales de la sanidad.

Ante esta realidad, la experta en derecho sanitario ha reivindicado la importancia de que se cumplan los protocolos que las administraciones públicas han diseñado para combatir este fenómeno, así como que nadie haga caso omiso a las señales. “Vivimos en una época en la que nadie quiere tomar una actitud activa de denuncia, aunque sea por llamada telefónica, porque ya saben que eso le implica ir a testificar, le tienen localizado y esperar a ver si el juicio se celebra”, ha lamentado la abogada.