La aprobación de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 podría conllevar el
cese de miles de empleados públicos temporales. Esta es la conclusión que se deriva del artículo 19.2 que recoge el
proyecto de presupuestos y que afectaría a todos los empleados públicos con carácter temporal, ya sean
interinos o eventuales que firmaran un contrato posterior a la aprobación de los presupuestos, en el caso de que dicho artículo no fuera modificado.
El artículo en cuestión explica que “la duración del contrato o del nombramiento no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un período superior a tres años, circunstancia esta que habrá de quedar debidamente reflejada en el contrato o nombramiento”. Esto significa que la duración de ese vínculo con la Administración no podrá superar los
tres años, tanto si se articula a través de un único contrato como si se produce a través de la suscripción de varios contratos o
nombramientos consecutivos hasta alcanzar ese tiempo.
Según
Fabián Valero, de Zeres abogados,
este párrafo “está generando las mayores discrepancias interpretativas”, ya que podría suponer el cese de miles de empleados públicos sanitarios, dado que se aplicaría tanto al personal laboral como al personal funcionario/estatutario. Aunque cómo bien aclara, el Gobierno no podría rescindir el contrato de aquellas personas que fueran contratadas
antes de entrar en vigor la Ley de Presupuestos, puesto que esta ley no sería de aplicación retroactiva.
Negociación presupuestaria
Se espera que el 22 de junio se desarrolle el debate y la votación de las enmiendas aprobadas en el Senado y en el Pleno del Congreso, las cuales se están debatiendo durante estos días. Precisamente,
una de estas enmiendas pretende la modificación del artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos.
CCOO ha propuesto la modificación de dicho artículo -
consulte aquí la enmienda- porque considera que “agravaría el problema de la temporalidad en los trabajadores públicos” dado que dicha normativa cesaría en el cargo al personal eventual, cuando este debería de ser transformado a personal interino una vez supere los tres años de contratación . Según el portavoz
FSS-CCOO,
Antonio Cabrera, se debe de establecer una enmienda y normativa concreta que corrija el problema de la temporalidad en la función pública.
La limitación a tres años solo sería para el personal eventual, no para el personal interino. Esta normativa también incluye al personal interino/estatutario, por lo que sería una contradicción su cese. Por lo tanto, el personal eventual que cumpla tres años deberá de ser convertido en interino”, defiende
Cabrera.
El sindicato ya ha transmitido esta propuesta a la mayoría de los grupos parlamentarios con el fin de modificar el artículo de la
Ley de Presupuestos.
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