El
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid ha emitido una nueva resolución que respalda las multas en
Madrid Central al dar el visto bueno a la medida cautelar solicitada por Greenpeace, por lo que ya son tres los autos que mantienen el régimen sancionador en esta
zona de bajas emisiones.
En la resolución, el magistrado expone que
"la protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos". "En este caso es exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales,
sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales", añade.
Además, sobre los defectos del régimen sancionador que plantea el Ayuntamiento en su escrito de alegación, el juez sostiene que "
la Administración cuenta con medios suficientes para depurar las anomalías que puedan producirse (...) y para ello no es imprescindible eliminar la vigencia de la zona de bajas emisiones".
De esta forma, ya son tres autos distintos los que suspenden la resolución del 27 de junio de 2019 dictada por el Ayuntamiento de la capital de PP y Ciudadanos que acordaba la moratoria de las sanciones en Madrid Central, el área de bajas emisiones puesta en marcha por la anterior alcaldesa,
Manuela Carmena.
Tres autos judiciales
El primer auto fue del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid, que el 5 de julio aceptó la medida cautelarísima solicitada por Ecologistas en Acción. El juez de este juzgado mantuvo el pasado martes su decisión tras estudiar las alegaciones del Ayuntamiento de Madrid, que defendía la moratoria por los problemas derivados en el sistema de control y de multas.
Ese mismo día el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid acordó adoptar la medida cautelar solicitada por dos concejales del grupo municipal socialista de Ayuntamiento, igual que ha hecho ahora con el recurso de Greenpeace.
El área de bajas emisiones de Madrid Central entró en vigor el 30 de noviembre de 2018, aunque sólo a partir del 16 de marzo comenzaron las multas por incumplimiento de la normativa, con un coste de 90 euros (45 con pronto pago). Por la zona, casi todo el distrito Centro, sólo pueden circular residentes, coches Eco o Cero o vehículos con etiqueta ambiental de la
DGT que vayan a un aparcamiento.
El nuevo Gobierno municipal estableció una moratoria, que arrancó el pasado 1 de julio y tenía previsto extender hasta el 30 de septiembre, pero las multas volvieron a Madrid Central el 8 de julio y seguirán por decisión judicial. El Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de recurrir el primer auto, mientras trabaja en un
"modelo alternativo" para luchar contra la contaminación "en todos los distritos" de la ciudad.
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