Sentencia del procés: Salud malversó fondos públicos para financiar el 1-O

La Sala de lo Penal Tribunal Supremo que juzgó el 'procés' independentista en Cataluña ve probado en su sentencia la utilización de la Consejería de Salud para canalizar los gastos del referéndum del 1 de octubre.

-Consulte aquí la sentencia completa del Tribunal Supremo-

En total, según subraya la sentencia, "el Departamento de Salud encomendó a Unipost la distribución de las notificaciones del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales por un importe de 192.711,20 euros".

El escrito del Alto Tribunal, de más de 490 páginas, subraya por tanto que "los gastos del referéndum relacionados con la publicidad institucional, organización de la administración electoral, confección del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales y aplicaciones informáticas, son expresivos de la consciente y voluntaria desviación de destino de los fondos públicos".

Antoni Comín, exconsejero de Salud, sigue pendiente de ser juzgado por la Justicia española

Una desviación realizada a través de la estructura de los departamentos de Vicepresidencia y Economía, Presidencia, Exteriores, Trabajo, Salud y Cultura. "Se hicieron así realidad, con los matices que luego se expresan, unos gastos previsibles a partir del acuerdo plasmado por escrito el 6 de septiembre de 2017 y que fue la diáfana expresión de su consorcio delictivo".

Estos hechos, prosigue la sentencia,  "supusieron gastos ajenos a cualquier fin público lícito y se ordenaron careciendo de cobertura presupuestaria". Así, la consejería dirigida por el exconsejero Antoni Comín, autorizó el pago de 192.711,20  euros (233.180,55 euros IVA incluido) para sufragar las 56.000 cartas certificadas y 5.346.734 sobres ordinarios, que posibilitaran la celebración del referéndum.

Condenas de prisión 

La sentencia también fija las penas a las que se enfrentarán los líderes independentistas juzgados, siendo el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras el que más año deberá de afrontar. En total, el Supremo fija para él 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. Por los mismos delitos ha condenado a los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a las penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.

Asimismo, por los mismos hechos ocurridos durante el otoño de 2017 en Cataluña ha condenado por el delito de sedición a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell a las penas de 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta; a los también ex consejeros Joaquim Forn y Josep Rull se les absuelve de malversación y son condenados a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta; mientas que los líderes sociales a Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural) a las penas de 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta.

En cuanto a los exconsejeros que siguieron el juicio en libertad, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, son condenados cada uno de ellos como autores de un delito de desobediencia a las penas de 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial. Todos ellos también son absueltos de malversación.

Un consejero fugado

De estas condenas se escapa, de momento, el exconsejero de Salud, Antoni Comín, fugado a Belgica. Y  es que pocos días después de la celebración del referéndum del 1-O, Comín huyó al país belga siguiendo los pasos de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, evitando así ser detenido por la Justicia española.

Poco después de la fuga el juez Pablo Llarena emitió una euroorden de detención contra Comín y el resto de exconsejeros en Bélgica. Sin embargo, no llegó a materializarse el arresto del exconsejero de Salud. Al mismo tiempo, desde Waterloo, localidad en la que reside Puigdemont, se puso en marcha el 'Consell per la República', un organismo que debía poner en marcha la independencia de Cataluña y en el que Comín ostenta la vicepresidencia.

Actualmente, el exconsejero sigue pendiente de los pasos que pueda dar la Justicia española en los próximos meses y no tiene ningún cargo más allá de la vicepresidencia del 'Consell per la República', a pesar de que fue en las listas para entrar en el Parlamento Europeo, cámara en la que no ha podido recoger su acta de diputado por sus problemas con la Justicia.