La Policía Nacional ha registrado 197 agresiones a personal sanitario en 2020, lo que supone una reducción de un 33 por ciento en un año marcado por la Covid-19 y el cambio de hábitos por los meses de confinamiento y el incremento de las consultas telefónicas o domiciliarias. Esto ha llevado a que
los médicos, aunque siguen concentrando el 59 por ciento de las agresiones, reduzcan un 10 por ciento las cifras con respecto a 2019, trasladándose la problemática al sector de la Enfermería.
Estas cifras chocan con las aportadas por el
Ministerio de Interior a este medio. Con datos provisionales hasta el mes de noviembre y facilitados por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y los cuerpos de Policía Local,
las cifras indicaban que las victimizaciones a este colectivo crecieron un 32,3 por ciento de 2019 a 2020.
Según los datos aportados este martes por la Policía,
el 70 por ciento son agresiones verbales y el restante físicas, aunque en la gran mayoría de carácter leve. Los datos los ha ofrecido el comisario
Javier Galván, interlocutor policial sanitario, en una rueda de prensa en el Complejo de Canillas (Madrid) junto al comisario general de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Castro, en la que ha explicado que, de las 197 agresiones, "muy pocas" están relacionadas directamente con la Covid-19.
"Al motivo habitual de la disconformidad del paciente, el tiempo de espera en la sala de espera o el desacuerdo con el informe médico", ha subrayado Galván, "ahora se suma la
vertiente de la Covid-19". Con esto se refiere a ciudadanos que no han respetado el protocolo sanitario, ya sea para ponerse la mascarilla o para respetar la orden de no pasar a consulta acompañado o quedarse en casa para hacer la cuarentena. En este sentido, pone de ejemplo el perfil del paciente de coronavirus que provocó un incendio en un hospital de Cádiz.
Perfil del agresor en sanidad
El perfil más frecuente del agresor detenido es el del acompañante del paciente. En concreto, se trata de un
varón de entre 36 y 55 años y de nacionalidad española, siendo los martes y los jueves los días con mayor incidencia de agresiones, en una franja horaria comprendida entre las 10 y las 13 horas. La víctima es en el 51 por ciento mujer, aunque Galván ha subrayado que la agresión es "contra un profesional sanitario, no va contra un hombre o una mujer".
El comisario Galván ha detallado que 2020 comenzó con una subida en las agresiones hasta el mes de febrero para luego, a partir de marzo y el primer estado de alarma por el coronavirus, "bajar por completo" hasta el mes de octubre. En noviembre hubo un pequeño repunte, aunque sigue sin ser superior a 2019, un año en el que se registraron 294 agresiones en el conjunto de España dentro de las zonas urbanas competencias de la Policía Nacional.
La Policía Nacional ha destacado 2020 como un año que ha supuesto "un punto de inflexión" para la figura del interlocutor policial nacional sanitario. La actual situación de pandemia ha potenciado su papel, y prueba de ello son los casi 8.000 contactos realizados durante el estado de alarma, desde el mes de marzo hasta el mes de junio de 2020.
En todo el año se llevaron a cabo 7.000 intervenciones en hospitales y atención a domicilios.
Andalucía, la CCAA donde más agresiones se producen
Las agresiones por comunidades autónomas oscilaron entre los 10 o 15 hechos denunciados, con Andalucía a la cabeza, sobre todo Málaga (26 agresiones) y Sevilla (19). "El dato no es alarmante", ha avisado el portavoz policial, que se ha remitido a otros factores como el plan del Ministerio del Interior de refuerzo en la zona de Cádiz, lo que ha permitido mantener la tendencia a la baja en esta provincia.
Sobre la disparidad de cifras en la estadística, Galván ha explicado que durante el año se ofrecen datos no consolidados .
"A esas 197 agresiones delictivas hay que sumar 47 que están en el ámbito de los riesgos laborales", ha destallado, señalando que quedan al margen del balance al igual que los casos derivados de consultas psiquiátricas.
Los datos se obtienen en cumplimiento de la instrucción de la
Secretaria de Estado de Seguridad 3/2017 obre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, un delito incluido en el Código Penal como atentado y que está penado incluso con la prisión, en los casos más graves.
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