Piden cuatro años y nueve meses de
prisión para un administrativo del hospital del
Parque Tecnológico de la Salud de Granada por, presuntamente, aprovechar su acceso a la aplicación corporativa informática para encargar pruebas diagnósticas
sin la autorización de un facultativo médico.
En su escrito, la Fiscalía afirma que "a pesar de conocer los límites precisos de su autorización como administrativo" y "siendo consciente del funcionamiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", el principal procesado "resolvió, a instancias y con la colaboración imprescindible del otro acusado",
pruebas diagnósticas.
Aseguran que el empleado habría aprovechado "la facilidad que le proporcionaba su acceso como administrativo a la aplicación informática corporativa, registro público donde se mecanizaban las
solicitudes de pruebas y las citas médicas generándose documentos" que luego "componían la historia clínica de paciente o usuario".
El otro acusado, supuestamente "en su provecho, en tanto que eludía los procedimientos establecidos para conseguir pruebas" y "obtenía una rebaja en los
tiempos de espera", le facilitó los "datos personales necesarios para el propósito ideado". El procesado principal habría accedido "al menos en dos ocasiones" con su "login a la aplicación corporativa, y simulando la existencia de una previa decisión médica". Solicitaba supuestamente
resonancias magnéticas nucleares.
Consiguió burlar los tiempos de espera
Según el fiscal, las solicitudes eran "íntegramente mendaces al no haber sido prescritas ni autorizadas por facultativo sino por su propia iniciativa, haciendo constar en la aplicación
datos absolutamente inveraces por inventados". De este modo, le habría sido realizada una
resonancia en la rodilla derecha al otro procesado el 3 de octubre de 2016. El médico la habría hecho "no porque la hubiera prescrito, sino porque el acusado generó una cita para ello sin su conocimiento ni consentimiento". Tuvo un coste para el SAS de 119,99 euros.
El 25 de octubre se le habría practicado una
resonancia en la zona lumbosacra, con el mismo coste. De ambas pruebas se le informó al día siguiente, cuando, según los datos que facilita el fiscal en su escrito, en el caso de los estudios de rodilla son de 26 días los tiempos medios de espera, y en los de columna, 67, "estándares que se lograron burlar".
Delito continuado de flasedad
Los hechos descritos por el Fiscal conllevarían la presunta comisión de un
delito continuado de falsedad en documento público u oficial por la que al principal acusado se le podrían imputar, además de los cuatro años y nueve meses de prisión, cinco años de
inhabilitación y la imposición de una
multa de 1.728 euros.
El otro acusado, que respondería como inductor o cooperador necesario, se enfrenta a dos años y medio de c
árcel y a dos años y nueve meses de
inhabilitación y a 1.050 euros de
sanción. Está previsto que el
juicio tenga lugar el próximo 5 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.
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