La
Fiscalía de Granada ha pedido
cuatro años y medio de cárcel,
cuatro de inhabilitación y el pago de una
multa de 8.500 euros para un
médico del Servicio Andaluz de Salud (
SAS) que habría aprovechado la
tarjeta de pensionista de la Seguridad Social de su madre para conseguir a un
precio simbólico 322
cajas de fármacos ansiolíticos y
neuroestimulantes a los que era adicto, valorados en unos
13.800 euros.
Según ha indicado el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso
Europa Press, el facultativo, en el que considera que concurre la atenuante de
drogadicción, habría incurrido en la presunta comisión de un
delito continuado de falsedad en documento oficial.
"Plan preconcebido"
Los hechos se remontan a un periodo comprendido
entre enero de 2013 y junio de 2014, cuando el acusado estaba adscrito como
médico de Familia al consultorio de una localidad de la provincia de Granada, aprovechando lo cual siguió un "
plan preconcebido" para conseguir medicamentos tranquilizantes y neuroestimulantes con cargo a la Seguridad Social "en unas condiciones económicas más ventajosas que las que le correspondían".
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Habría incurrido en la presunta comisión de un delito continuado de falsedad documental oficial
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Así, "falazmente, tras extender y
firmar el impreso oficial de recetas de pensionistas, realizó una elevada prescripción de los citados medicamentos, a cargo de la tarjeta sanitaria" de pensionista de su madre, "que no tenía prescrita dicha medicación".
Como pensionista, su madre no tenía que aportar más de
ocho euros mensuales desde abril de 2012 a enero de 2013, 8,14 euros mensuales desde febrero a diciembre de 2013, y 8,26 desde enero de 2014, mientras que el acusado tendría que haber pagado un 50 por ciento del coste total de los fármacos en ese periodo.
El SAS reclama el "perjuicio económico"
El procesado, que utilizó hasta
seis farmacias de Granada y Guadix para sacar las pastillas, "padecía un
trastorno de dependencia a benzodiacepinas en grado moderado-grave, que determinaba una alteración parcial de sus capacidades volitivas, produciendo una merma de las mismas, sin llegar a anularlas", especifica el fiscal.
El SAS reclama el "
perjuicio económico" que le ocasionó el caso, en una cantidad valorada en 13.253 euros desde enero de 2013 a abril de 2014. Está previsto que los hechos sean enjuiciados el próximo 26 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.
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