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Ofensiva médica para que insultarles en la consulta conlleve pena de cárcel

Los médicos andaluces han sido los primeros en posicionarse en favor de esta propuesta

Exteriores de la sede de la OMC.

16 mar 2019. 16.00H
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España registra 490 casos de agresiones a médicos en 2018, de las cuales 171 corresponden a insultos, según los datos del Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC). Dicho de otro: un tercio de los ataques que sufren los facultativos a diario es de origen verbal quedando al margen de ser catalogados como delito leve de atentado dentro del Código Penal.

Tal y como adelantó Redacción Médica, los médicos andaluces se reunieron con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río Fernández, para intentar conseguir su apoyo en la idea de modificar el Código Penal a nivel Estatal, y proteger la integridad de los profesionales médicos ante los insultos.

Con la reforma del Código Penal de 2015, las actitudes de insultos, vejaciones y amenazas leves contra el personal sanitario dejó de catalogarse como delito leve de atentado. Ahora, desde la Organización Médica Colegial se suma a la petición de los médicos andaluces y reclaman que “las amenazas, insultos e intimidaciones sean considerados agresión y por tanto, delitos contra la autoridad”.

De producirse el cambio, los autores de las agresiones verbales podrían enfrentarse a penas mayores como la cárcel

De producirse este cambio, los autores de este tipo de acciones podrían enfrentarse a penas mayores, que podrían incluyo llegar a ser condenados con penas de prisión.

Pena de prisión


Fuentes oficiales de la OMC consultadas por este diario, explican que “aunque en la reforma del Código Penal se rebajó su catalogación como delito, la estrategia de la OMC y los Colegios de Médicos se ha mantenido siempre igual, insistiendo en la importancia de la necesaria tipificación de este tipo de conductas”.

Precisamente, justifican estas fuentes, representantes de la OMC han mantenido diversas reuniones con el Fiscal General del Estado para que “haya una mayor unificación de criterios” a la hora de juzgar estas situaciones.

“Hemos visto con satisfacción sentencias como la reciente del Juzgado de lo Penal Número 2 de Mérida que condenó al acompañante de una paciente por amenazar a la ginecóloga de guardia en el Hospital de Mérida a la pena de seis meses de prisión”, concluyen. 


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