Redacción. Madrid
Los psicólogos forenses constituyen el colectivo de profesionales de la Administración de Justicia que asesoran a jueces y magistrados en asuntos tan relevantes como la concesión de permisos penitenciarios a presos altamente peligrosos (asesinos, agresores sexuales, violencia de género…), las decisiones sobre guarda y custodia de los hijos en procesos de separación o divorcio, la credibilidad de los testimonios de víctimas y menores víctimas o las decisiones sobre órdenes de alejamiento o prohibición de residencia de los agresores, en asuntos de violencia de género.

Este servicio de asesoramiento psicológico existe en todas las comunidades autónomas, pero el de la Comunidad de Madrid presenta “notables carencias, tanto en recursos humanos, como en medios materiales, que dificultan gravemente la prestación de los servicios de estos profesionales y, por extensión, afectan negativamente al funcionamiento de la Administración de Justicia y a los usuarios de la misma”, según un informe de la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia.

A la escasez de medios materiales y a la insuficiencia manifiesta de profesionales y personal de apoyo, se añaden unas” condiciones retributivas absolutamente irracionales”, alejadas por completo de las que corresponderían a un cuerpo especializado de la Administración de Justicia (la Comunidad de Madrid es la que menos retribuye a los Psicólogos Forenses de entre todas las Comunidades con competencia trasferidas), además no perciben ningún complemento retributivo por las características de su labor profesional, a pesar de que muchos de ellos ha sufrido amenazas y coacciones, cuando a otros cuerpos de personal funcionario o laboral si se les reconoce.

Según el documento, las condiciones de trabajo en la Comunidad de Madrid de este colectivo “son netamente peores que en el resto de  las comunidades con competencias trasferidas, a pesar de ser la de mayor litigiosidad”. A ello se une la dilación en la resolución del concurso-oposición para psicólogos, convocadas por última vez en 2009. Una muestra más del desinterés de la administración por este colectivo.