Los sindicatos policiales han pedido al
Ministerio del Interior que se cree un marco legal que permita la dotación de defensas extensibles y de pistolas eléctricas (Taser) a los agentes de la Policía, para que, entre otras medidas, se pueda reducir con mayor facilitad a las personas que intentan
agredir a sanitarios.
Desde el sindicato policial SUP explican a
Redacción Médica que la utilización de pistolas eléctricas por parte de los agentes de Policía sería una medida "idónea" para reducir a agresores que atentan contra los sanitarios.
“Al sanitario no hay que cargarle con la responsabilidad de que sea él quien accione el arma, sino que debe ir acompañado de personal de seguridad formado para ello y para utilizarlas”, aclaran desde el SUP, que catalogan estas armas como
"defensa intermedia".
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"Al sanitario no hay que cargarle con la responsabilidad de que sea él quien accione el arma"
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En este sentido, y según recoge
El Independiente, los sindicatos
SUP, CEP, UFP y SPP han remitido un escrito con fecha de 19 de junio a la nueva secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, en el que recuerdan diferentes reuniones técnicas en las que se abordó esta cuestión. Citan una reunión de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral del pasado 5 de junio en la que reclamaron que se diera a conocer las gestiones para implementar este tipo de armas y también que la
Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil había licitado a finales de 2017 la adquisición de defensas extensibles con funda, anunciando la formalización del contrato en el BOE del 12 de abril de 2018.
Las asociaciones de la
Guardia Civil llevaron al Consejo del Instituto Armado en marzo de 2017 una petición para la dotación de la pistola eléctrica al entender que ayudaría a “reducir el riesgo de sufrir lesiones u ocasionarlas” frente a la tradicional arma de fuego. La
Dirección General de la Guardia Civil aseguró entonces que estaba realizando un estudio de mercado para valorar la conveniencia o no de adquirir estas armas eléctricas.
Dudas
Los sindicatos policiales son partidarios del uso de la pistola eléctrica para los agentes más expuestos a peligro. Así lo reclamaron ya el pasado 25 de julio, cuando miembros de la
Unidad de Intervención Policial (UIP) en la frontera de Melilla redujeron a un individuo que les amenazaba con un cuchillo. Con tal fin, le arrojaron a la cabeza una barrera de plástico para señalizar el tráfico.
Pese a las exigencias de los sindicatos policiales, los técnicos de Interior son reacios a usar el dispositivo eléctrico por su peligrosidad, ante el temor, como dicen sus detractores, de que un mal empleo pueda conllevar graves daños físicos e incluso la muerte de la persona reducida por una descarga. Sus partidarios aseguran que la Taser no es letal,
su uso es cada vez más extendido y que, además, constituye una alternativa al empleo del arma de fuego reglamentaria.
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