En un acto organizado por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) sobre precariedad laboral, relacionada con las últimas disposiciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre temporalidad o discriminación entre fijos y temporales, Javier Arauz, abogado del Estado en excedencia señaló que “no puede ser que una situación de abuso, de fraude, que afecta a derechos fundamentales de los trabajadores, como son la discriminación o la inestabilidad, quede sin ningún tipo de sanción, sin medidas correctoras por parte de la Administración, ni de los órganos jurisdiccionales”. Por lo que añadió: “Por puro sentido común esta situación es absolutamente insostenible, y no hay más salida que la adopción de medidas sancionadoras y efectivas para garantizar la estabilidad en el trabajo de estos empleados públicos que han sido sujetos de este fraude y de este abuso”.
En este sentido, el juez de lo Contencioso Administrativo de Madrid, Tomás Cobo, ha afirmado que España necesita “unos legisladores con mayor altura, puesto que tanto el legislador como la Administración son los que tienen que resolver este tipo de problemas”. Una aseveración muy dura contra su sector en relación a la elevada temporalidad que hay en el empleo público y, en concreto, en el sector sanitario contratado por la Administración.
Pablo Calvo, director general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), puso como ejemplo la política laboral de la consejería sanitaria regional, dirigida por Jesús Sánchez Martos, que ya ha puesto en marcha un plan de empleo que reduzca la temporalidad no al 10 (como se ha acordado con Ciudadanos) sino, como afirmó el consejero en la Asamblea, al 5 por ciento.
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