La
última palabra la tendrá la Justicia, pero el sector empresarial e incluso algunas Administraciones autonómicas han dado ya pasos hacia la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid para acceder a un puesto de trabajo sociosanitario. Se trata de un debate complejo, indican las fuentes jurídicas consultadas por
Redacción Médica, pues afecta a derechos fundamentales de las personas. “Si no hay apoyo del Tribunal Constitucional,
es complicado que salga adelante”, vaticinan. De esta forma, serán los jueces los que decidan, en última instancia, el
‘diseño’ de las OPE sanitarias para establecer si los profesionales tienen o no la obligación de inmunizarse.
La polémica subió de temperatura la semana pasada, cuando el
Ayuntamiento de Tous, en Valencia, lanzó una convocatoria de trabajo que incluía como requisito
“acreditar que se está vacunado contra la Covid-19 mediante el correspondiente documento que facilite el Servicio Valenciano de Salud”.
Este mismo martes, la vicepresidenta de la Generalitat valenciana,
Mónica Oltra, alimentó el debate al advertir de que el Ejecutivo autonómico podría
“en algún momento” exigir a los profesionales sociosanitarios
estar vacunados para acceder a un puesto de trabajo.
Lo cierto es que desde el ámbito jurídico
dudan de la viabilidad legal de este tipo de medidas. Así lo cree
Fabián Valero, abogado de Zeres especializado en derecho laboral, quien en declaraciones a
Redacción Médica incide en que sobre la mesa no solo está "el derecho de los usuarios de las administraciones a la protección a la salud, sino también el referido a la integridad física y moral de las personas".
“Hay argumentos para las dos partes”
“No tiene una solución sencilla,
jurídicamente hay argumentos para las dos partes”, destaca el abogado, quien recuerda que las vacunas protegen frente al Covid-19, pero también pueden
acarrear “efectos adversos” para los profesionales.
En este sentido, considera que la decisión de imponer la vacuna Covid a los trabajadores debe tener
“respaldo” por parte de la Justicia. “Estamos hablando de
derechos fundamentales. Sin ningún tipo de apoyo del Tribunal Constitucional, es complicado que salga adelante”, concluye.
De hecho, el Alto Tribunal ya dejó sin efecto la
imposición de la vacuna obligatoria impulsada por el Gobierno de Galicia al considerar que supone “una intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano”.
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