Ley General de Sanidad: un conflicto convertido en un consenso

Opinión de Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad.

La idealización del pasado es un mecanismo que nos permite, entre otras cosas, continuar con la vida despojándonos de la idea de vivir en un perpetuo conflicto. Sin embargo, en ocasiones los mecanismos de protección tienen el efecto pernicioso de hacernos pensar que todo tiempo pasado fue mejor y, sobre todo, más calmado y consensuado.

Esto ocurre con la Ley General de Sanidad. Esta fue una ley que desde la publicación de su primer borrador generó una oposición furibunda y, en muchas ocasiones, personalizada en la figura del ministro de sanidad Ernest Lluch, aglutinando contra el texto a la derecha parlamentaria (con Alianza Popular, el germen del Partido Popular, a la cabeza), organizaciones colegiales (especialmente la Organización Médica Colegial), los sindicatos corporativos médicos y la patronal de empresarios por medio de la CEOE. Más allá de la existencia evidente de conflicto, lo que supuso la Ley General de Sanidad fue la contraposición de modelos de organización de los sistemas sanitarios y, en última instancia, la consecución de un texto que recogió la universalización de la asistencia sanitaria, estructuró al sistema en torno a la Atención Primaria y recogió todas las singularidades territoriales de nuestro sistema.

Cuarenta años después podemos afirmar que la Ley General de Sanidad venció, pero no porque llegara a ser aprobada, sino porque tras cuatro décadas quienes intentaron tumbarla son los primeros que se suben al carro del consenso para reivindicarla como un ejemplo de lo que se hacía cuando existían unos acuerdos que en realidad no existían. Pasar de ser conflicto a ser consenso es uno de los grandes logros de la Ley General de Sanidad porque, entre otras cosas, es lo que le ha permitido llegar a los cuarenta sin sufrir enmiendas a la totalidad como la que Alianza Popular presentó en su tramitación en el Congreso de los Diputados.

En este cuadragésimo aniversario brotan muchas voces que señalan que hace falta una nueva Ley General de Sanidad, que esta tiene tantos años como su antecesora tenía cuando fue sustituida y que la sociedad y el mundo ya no tienen nada que ver con el que vio nacer la ley. Sin embargo, en mi opinión esto parte de una visión poco profunda de nuestro ordenamiento jurídico sanitario. La Ley General de Sanidad no fue la llegada a ningún sitio, sino la semilla que haría brotar con posterioridad toda una serie de herramientas legislativas dirigidas a avanzar lograr que nuestro sistema tuviera robustez normativa. Estos brotes que surgen de la Ley General de sanidad incluyen la Ley 25/1990 del Medicamento (actualmente lo vigente es el Real Decreto-Ley 1/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios), la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la Ley 33/2011 General de Salud Pública u otras de enorme calado aunque menor capacidad para estructurar ámbitos completos del sistema como pueden ser la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Es decir, no es cierto que nuestro sistema lleve 40 años sin reformas legislativas de calado. Una pregunta que tal vez dé respuestas más fructíferas a quienes afirman eso es si las reformas legislativas han ido siempre acompañadas de transformaciones ejecutivas que hayan desarrollado en toda su extensión aquello para lo que la ley ya les habilitaba.

Creo que en esto, en la implementación, la innovación y la gestión, y no tanto en la necesidad de una gran ley para gobernarnos a todos es donde en este 40º aniversario tenemos que poner el foco. Muchos de los problemas actuales del sistema caben en el marco normativo actual, pero es más fácil pensar que una ley va a resolverlos que identificarlos y dar respuesta con las herramientas de gestión que tenemos a los mismos. Estabilidad laboral, carrera profesional, mayor autonomía de gestión en el ámbito de la Atención Primaria, coordinación o integración sociosanitaria, agilización de los procedimientos de evaluación y financiación de tecnologías… todos ellos son elementos a los que dar respuesta hoy con las herramientas ya disponibles hoy.

Tenemos cosas que mejorar y actualizar, de hecho en la actualidad absolutamente todas las leyes mencionadas en este artículo están en proceso de modificación, cosa que no ha pasado nunca antes en la historia de la democracia, pero no con ánimo de enmienda a la totalidad, sino para modernizar, mejorar y ensanchar nuestro cuerpo legislativo para tener un Sistema Nacional de Salud que dentro de otros 40 años mire hacia atrás y se invente consensos donde no los había, aunque sea como forma de mostrar que muchos de los conflictos del ahora con parte del sentido común del pasado.