Ley General de Sanidad: 40 años de una disrupción que debe responder al hoy

El 25 de abril de 1986, España vio nacer la Ley 14/1986; es decir, la Ley General de Sanidad. Desde entonces, la arquitectura del bienestar ha experimentado una transformación sin precedentes que ha logrado sepultar definitivamente aquel modelo sanitario anacrónico. Y es que antes de esta histórica fecha en la que nuestro país se dotaba de la citada ley (que entró en vigor el 19 de mayo de ese año), la atención sanitaria española se encontraba fragmentada en diversos modelos donde convivían un sistema de previsión para trabajadores y una suerte de beneficencia para los ciudadanos sin recursos.

Una carencia que provocaba una falta de eficiencia que la ley vino a subsanar mediante la creación de un Sistema Nacional de Salud único y coordinado. Así, al cumplir cuatro décadas de vigencia, la norma se erige hoy no solo como el acta de fundación de la sanidad española moderna, sino como un organismo vivo que ha sabido integrar las exigencias de sostenibilidad financiera, igualdad de género y protección de datos del siglo veintiuno. Ahora bien, dicha trayectoria no la exime de un presente de grandes retos transformacionales propios de una sociedad y de un sistema sanitario tremendamente distintos del que se vino a constituir hace cuarenta años.

El impacto inicial de la ley radicó en su capacidad para transformar la asistencia sanitaria de un privilegio vinculado al trabajo en un derecho de ciudadanía universal, fundamentado en el artículo 43 de la Constitución Española. Esta universalización, que incluyó tanto a españoles como a extranjeros residentes en el país, obligó a los poderes públicos a diseñar una organización descentralizada donde las comunidades autónomas se convirtieron en el eje central del modelo. A través de la creación de los Servicios de Salud autonómicos, se integraron bajo una misma responsabilidad política y administrativa todos los centros asistenciales de las diputaciones y ayuntamientos, garantizando que el derecho a la salud no dependiera del lugar de residencia. Esta estructura se apoyó en las Áreas de Salud como piezas básicas de gestión y de cercanía con el paciente (esto es, con la sociedad).

A medida que el sistema maduraba, el enfoque del profesional sanitario evolucionó desde la curación hacia una concepción integral que priorizaba la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Este cambio de paradigma se vio reforzado por el reconocimiento de una amplia carta de derechos para el paciente en el artículo diez, que situó la dignidad humana y la intimidad en el centro del acto médico. Con el paso de los años, este marco de derechos se ha ido actualizando para incluir el principio de diseño para todos, asegurando que la información sanitaria sea accesible y comprensible para las personas con discapacidad, y reforzando la confidencialidad del dato clínico en un entorno cada vez más digitalizado. Si bien la presión asistencial, creciente en las últimas casi dos décadas, ha tensionado el eficiente objetivo de la prevención, situando al sistema sanitario público español en un eje que da respuesta al paciente agudo. Es decir, un paso atrás por el peso de las circunstancias pero que erosiona uno de los grandes objetivos no solo de la ley sino del espíritu eficiente y productivo al que debe aspirar cualquier sistema sanitario moderno.

Una ley con influencia gestora ante las crisis económicas

La sostenibilidad del sistema frente a las crisis económicas contemporáneas (destacar en este punto la gran depresión de 2008, hecho que contribuyó en buena medida a la actual tensión del sistema sanitario) ha sido otro de los grandes retos que la ley ha tenido que integrar en su articulado, especialmente con la creación de un título dedicado específicamente a la transparencia y sostenibilidad del gasto sanitario. Las modificaciones más profundas en este ámbito han impuesto límites estrictos al crecimiento del gasto farmacéutico y sanitario, vinculándolos a la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de la economía española. De este modo, la Ley General de Sanidad ha evolucionado desde un texto meramente organizativo a un marco de gestión económica que busca dar garantías de continuidad al sistema sanitario público.

En el ámbito ético, la ley ha experimentado una transformación sustancial para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres en todos sus objetivos y actuaciones. Esta perspectiva de género obliga al actual sistema sanitario a evitar discriminaciones derivadas de estereotipos y a formar a su personal en la detección y tratamiento de la violencia de género, así como en la atención específica a situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral. Asimismo, el tratamiento de los datos en la investigación sanitaria se ha adaptado a la normativa de protección de datos personales, garantizando que el avance científico asegure la privacidad del individuo. Por último, el marco legal ha sabido equilibrar la libertad de empresa con la primacía de lo público, permitiendo conciertos con el sector privado bajo condiciones de estricta homologación y gratuidad para el usuario, priorizando a las entidades sin ánimo de lucro y asegurando que la red privada vinculada se someta a los mismos controles de calidad que los centros de titularidad pública.

Así, al cumplirse cuarenta años de su promulgación, la Ley General de Sanidad se ha consolidado como la arquitectura jurídica de un Sistema Nacional de Salud cohesionado. Su influencia en la vida de los ciudadanos es profunda, pues universalizó el derecho a la sanidad con el paciente (y sus derechos) como pieza angular del sistema sanitario. Para el profesional y el directivo, ha dictado durante cuatro décadas la organización descentralizada pero cohesionada hacia un modelo de prevención ahora en entredicho por el contexto de presión asistencial e inaccesibilidad crecientes.

Todo ello enfrentando modificaciones de calado como las económicas, que le dieron a la ley un peso gestor y auditor evidente. Ahora bien, todo ello no omite la plausible realidad de una sociedad (es decir, un conjunto de pacientes, de innovaciones, de transformaciones políticas) muy distinta a la de 1986. Un gran reto para una ley que deberá demostrar si puede seguir modificándose para responder a las demandas o si exigirá una nueva formulación para un tiempo nuevo, quizá presente.