Ricardo Martínez Platel. Madrid
El Consejo Interterritorial analizará la enmienda al artículo 550 del Código Penal, que se ha incluido en la tramitación parlamentaria, que supone el reconocimiento de la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, al personal que, como empleado público, preste servicios en instituciones sanitarias públicas, en el ámbito del SNS.
Esta normativa supondrá reconocer y reforzar, en primer lugar, la autoridad del profesional, en segundo término, la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades y, en tercer lugar, la prerrogativa de la presunción de veracidad de los hechos que se constaten por los propios profesionales afectados.
De este modo, el Gobierno propone el refuerzo de los instrumentos jurídicos para permitir a los profesionales que puedan desempeñar sus tareas en un contexto de máxima confianza, respeto y seguridad para ellos y para el sistema sanitario, aumentando, en consecuencia, la calidad de los servicios.
Esta iniciativa constituirá un elemento disuasorio ante esta conducta generalizada y antisocial. Además muchas fiscalías provinciales han ido firmando protocolos o acuerdos con los sistemas sanitarios regionales para considerar las agresiones a su personal sanitario como delito de atentado contra la autoridad, por lo que ahora lo que se pretende es que tal consideración se amplíe y unifique.
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