La prioridad nacional sanitaria: sin encaje legal y contra la deontología

El concepto de la “prioridad nacional” en el acceso a los servicios públicos se ha convertido en uno de los principales focos del enfrentamiento político. Vox ha hecho bandera de esta iniciativa, que ha logrado encajar en la hoja de ruta de los gobiernos tanto de Aragón como de Extremadura, gracias a su acuerdo con el Partido Popular. Aunque la apuesta todavía es un esbozo que no figura de manera oficial en ninguna ley o decreto, su planteamiento ya ha despertado ciertas dudas en el sector sanitario. Los expertos consultados por Redacción Médica han advertido que el veto a la población migrante de la asistencia básica no solo plantea un difícil encaje con el actual marco normativo, sino que también atenta contra los códigos deontológicos de las profesiones.

En los acuerdos suscritos en las dos autonomías se habla directamente de la “exclusión” del acceso tanto a las prestaciones como a los servicios sociales estructurales a quienes se encuentran en una “situación irregular”. En dichos acuerdos políticos únicamente se plantea que estas personas sean atendidas en los “supuestos de urgencia vital”.

Consultado sobre este asunto, Ricardo De Lorenzo y Montero, el presidente del bufete De Lorenzo Abogados, ha explicado que para analizar el fenómeno de la prioridad nacional es necesario echar la vista a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, aprobada en el año 2003. En el tercer artículo de su normativa, se establece expresamente que “las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española”.

En este sentido, De Lorenzo ha explicado que recuperar la expresión de la “urgencia vital” tendría una consecuencia jurídica relevante, ya que implicaría “volver conceptualmente a un modelo de asistencia mínima o reactiva, centrada en la emergencia, frente al modelo vigente de protección de la salud y atención sanitaria más amplia”. Una práctica que ya sobrevoló la política durante la gestión de la crisis económica de los gobiernos de Mariano Rajoy. 

“Por tanto, si la previsión de excluir a personas en situación irregular de prestaciones o servicios estructurales se proyectara sobre la asistencia sanitaria pública, limitándola únicamente a supuestos de urgencia vital, tendría un encaje jurídico difícil”, ha apuntado el experto en derecho sanitario. 

El jurista ha explicado que la urgencia vital no es una categoría equivalente a la protección de la salud, ya que se trata de una respuesta asistencial mínima ante un riesgo inmediato. Por lo tanto, convertirla en un “único título de acceso sanitario supondría volver a un modelo restrictivo como acabo de decir, hoy superado por la normativa estatal vigente”.

La judicialización de la prioridad nacional

El debate político que ha despertado este concepto introducido por Vox ha empezado a despertar las voces de una posible judicialización de la medida. De Lorenzo ha explicado que para que ese paso se pudiera dar primero este fenómeno se tendría que traducir en una norma, instrucción o práctica administrativa restrictiva. “No bastaría analizar el lema o la expresión utilizada; habría que examinar la medida concreta, su fundamento legal, su proporcionalidad, su compatibilidad con la igualdad en el acceso a las prestaciones reconocidas y el reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas”, ha puntualizado.

Es decir, solo en el caso de que esta declaración de intenciones termine plasmándose en acciones concretas se podría plantear algún tipo de revisión constitucional. “Si se tradujera en una restricción efectiva del acceso sanitario de las personas extranjeras en situación irregular, reduciéndolo exclusivamente a la urgencia vital, la medida debería superar un control jurídico muy exigente”, ha subrayado.

De Lorenzo ha aclarado, en todo caso, que su contestación no persigue convertirse en un juicio político sobre la expresión de la prioridad nacional, sino en un análisis jurídico sobre sus eventuales efectos. “El Derecho sanitario no opera sobre lemas, sino sobre normas concretas, competencias y derechos reconocidos. Por ello, cualquier medida que afecte al acceso a la asistencia sanitaria deberá valorarse con arreglo a la ley vigente, con independencia de la fuerza política que la promueva o del contexto en que se plantee”, ha concluido.

Posicionamiento médico

La medida no solo plantea dudas a nivel jurídico, sino también deontológico, ya que los códigos que rigen a las profesiones sanitarias también tienen recogido el concepto de la igualdad de trato a los pacientes. El presidente de la Comisión de Deontología de la Organización Médica Colegial (OMC), José María Domínguez, lo tiene claro: la propuesta de Vox en relación a los servicios públicos atenta contra el código ético de la profesión. Así, el representante institucional recuerda todos los artículos del documento que contradicen la 'prioridad nacional'. En primer lugar, el número 4.2, en el que se señala que el profesional facultativo "debe atender a todos los pacientes con la misma diligencia y solicitud, sin discriminación alguna". "Se prestará atención médica a todo aquel que lo necesite", incide a este diario.

En este sentido, Domínguez resalta que "el médico no debe abandonar a ningún paciente que necesite de sus cuidados", independientemente del escenario, salvo que "sea obligado a hacerlo por la autoridad competente o que exista un riesgo vital inminente e inevitable para su persona". De esta forma, el Código Deontológico Médico garantiza la asistencia a todos los individuos que requieran de ella, siempre "con el mayor respeto por el derecho a la vida y la protección de la salud de las personas y su comunidad".

"Se prestará atención médica a todo aquel que lo necesite"

No obstante, en caso de que la 'prioridad nacional' se aplique en algún territorio, la organización de la asistencia sanitaria corresponderá a las comunidades autónomas. "Son ellas las responsables de adaptar los equipos asistenciales a la cartera de servicio y cartera de clientes que ofrecen a la población", apunta el representante de la OMC.

Valoración enfermera

En el Código Deontológico de Enfermería también se aprecia este posicionamiento, en concreto, en tres artículos. En el Artículo 5, ligado a la protección de los derechos humanos, se lee que "la enfermera debe velar por la protección de los Derechos Humanos de las personas que reciben cuidados de salud en todos los entornos, roles y ámbitos, prestando especial atención a las personas y grupos más vulnerables". En el 6, relativo a la dignidad humana, se menciona lo siguiente: "La enfermera reconoce la dignidad como un valor fundamental compartido por todas las personas. Por ello se compromete a tratarlas con respeto y sin discriminación por razón de edad, sexo, etnia, identidad, género, nacionalidad, religión, opinión política, nivel económico, situación social, estado de salud o cualquier otra condición". Por último, el 7 se centra en "vida e integridad", subrayando que "toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psicológica, social y espiritual, así como a la protección y promoción de la salud, siendo responsabilidad de la enfermera protegerlas", por lo que el concepto de ‘prioridad nacional’ promulgado por Vox va a contracorriente de la propia deontología de la profesión.

Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería (CGE), afirma a Redacción Médica que "excluir a personas en situación irregular de la atención sanitaria puede tener una repercusión importante en temas como la salud pública, ya que cualquier enfermedad que sea transmisible si no se trata adecuadamente -sea la persona que sea- originará un potencial problema de salud pública para el conjunto de la población". Además, añade que estas medidas deben contar con un respaldo de criterios técnicos por encima de los políticos. Al igual que Domínguez, Ayuso recuerda a este respecto que "las prestaciones sanitarias están transferidas a las Comunidades Autónomas, que son las que definen las carteras de servicio y las prestaciones asistenciales".

"Excluir a personas en situación irregular puede tener una repercusión importante en salud pública"

Desde el Consejo alegan que esto podría provocar un cierto colapso en Urgencias si se limita la atención únicamente a 'urgencias vitales': "Habrá problemas y complicaciones que llegarán a las urgencias hospitalarias por no haber tenido una labor preventiva o de seguimiento y control en la Atención Primaria de salud", concluye.