La Justicia investiga a Argimon por el retraso en la vacunación de policías

Un juez ha acordado citar como investigado al exconseller de Salut de la Generalitat de Cataluña Josep Maria Argimon por su papel en la decisión de paralizar en 2021 la vacunación por el coronavirus a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña, cuando era secretario de Salut Pública.

En la resolución judicial, el titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona ha decidido citar también como imputado al entonces secretario general del departamento de Salut Marc Ramentol ante los indicios de que también participó en la decisión que retrasó el proceso de vacunación a los agentes de ambos cuerpos en Cataluña.

Según el juez, de las diligencias practicadas hasta el momento en esta causa se "desprenden indicios" de que Argimon y Ramentol, para cuyas declaraciones aún no se ha fijado fecha, "tuvieron participación" en la decisión de paralizar el proceso de vacunación a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña y con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años.

Rechaza citar a Vergés como testigo

Por el contrario, el juez ha rechazado citar como testigo a Alba Vergés, la consellera de Salut de la época y actual vicepresidenta del Parlament en funciones de presidenta, al concluir que su declaración "no resulta necesaria" puesto que hasta el momento "no se le ha atribuido por nadie participación alguna en la toma de la decisión cuestionada".

De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazó en marzo de 2022 investigar a Vergés por el retraso en la vacunación de los agentes, al no apreciar ninguna "acción u omisión" que se le pudiera imputar directamente en este caso, aunque ordenó a la justicia ordinaria que identificara a los responsables, lo que propició que el juzgado 17 de Barcelona abriera este procedimiento.

La Fiscalía se había mostrado entonces a favor de que el TSJC investigara a Vergés y apuntó que también podrían derivarse responsabilidades penales contra el exsecretario de Salut Pública y entonces conseller de Salut Josep Maria Argimon.

En su escrito, el juez también descarta citar como testigos a la delegada del Gobierno de la época, a los jefes superiores de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil, ya que no tenían "facultad decisoria ni ejecutiva" para paralizar la vacunación.

En cambio, sí que ve "útil y pertinente" la testifical del teniente coronel de la Guardia Civil responsable de la vacunación en Cataluña y del coordinador del proceso en la Policía Nacional, "pues podrán dar información de cómo y a través de qué persona se recibió la comunicación de paralizar la vacunación a dicho colectivo", así como las circunstancias que rodearon decisión y la "conducta" que adoptaron al respecto.

El juez abrió la investigación por el retraso en la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña a raíz de una denuncia por los delitos de prevaricación y contra el derecho de los trabajadores interpuesta por el Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía, Justicia Policial (Jupol) y por la Asociación de la Guardia Civil, Justicia Civil (Jucil).

Cuatro ex altos cargos de Salut piden el archivo de su causa

Hasta el momento, en este procedimiento ya han comparecido como investigados cuatro cargos de Salut de la época: la secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas, el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, la directora del Área de organizaciones y Profesionales del CatSalut, Sara Manjón, y el director de Serveis de Salut, Francesc Xavier Rodríguez.

En su declaración como investigados ante el juez, el pasado 22 de julio, los ex altos cargos alegaron que ninguno de ellos tenía competencia para decidir a qué grupo o colectivo se vacunaba en cada momento, ya que solo les correspondían labores ejecutivas, organizativas y logísticas.

Ante esta situación, los servicios jurídicos de la Generalitat, al igual que la defensa de los cuatro investigados, han pedido al juez que archive la causa contra ellos, al considerar que no retrasaron "de manera intencionada" la vacunación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña y sostener que no fueron ellos los encargados de decidir suspender la vacunación de los funcionarios de las profesiones esenciales de entre 18 y 60 años.

El juez ha pedido ahora a la Fiscalía y a las demás partes que se posicionen sobre la petición de archivar la causa sobre estos cuatro ex altos cargos de Salut.