La Fiscalía de Madrid acusa a la cúpula de la
Fundación Afal Futuro de un delito de apropiación indebida al "expoliar" a
pacientes con alzhéimer que tenía bajo su tutela más de ocho millones de euros a través de transferencias "injustificadas".
En el escrito de acusación, la fiscalía solicita seis años de cárcel para el director de Afal,
Jaime C.M.; cinco años para la abogada de la entidad,
Mercedes D.M; y dos años y medio para
Rafael N.B., marido de la presidenta de la entidad
Blanca Clavijo, que falleció en el 2014 en un accidente de tráfico.
Para otros dos voluntarios de Afal, el fiscal también pide respectivamente un año de prisión por falso testimonio y 21 meses por un delito de apropiación indebida.
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Según la fiscalía, la cúpula ideó un "plan" para desvalijar el patrimonio de los tutelados
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Según la Fiscalía, la cúpula de la entidad sin ánimo de lucro, constituida en el 2006 y que se encarga de la
tutela de personas incapacitadas por sufrir enfermedades mentales, ideó "un plan" para desvalijar el patrimonio de sus tutelados después de que los juzgados de primera instancia de Madrid nombrara a la fundación como tutora de distintas personas.
Así, el director, la expresidenta fallecida y uno de los voluntarios gestionaban los "grandes patrimonios que tenían algunos de sus tutelados, ya que vendían sus inmuebles, realizaban obras en los mismos y hasta les asesoraban en materia legal o fiscal "conscientes del perjuicio que originaban a los ancianos tutelados" y "despreciando las obligaciones derivadas de su función de tutor".
Mediante el "expolio" al que sometían a los ancianos lograban sustraer buena parte de su patrimonio para incorporarlo bien al suyo propio a través de distintas sociedades bien al patrimonio de la Asociación Nacional del Alzheimer Afal Contigo o de la misma Fundación.
Todo ello, relata el escrito de acusación, para invertir posteriormente el dinero en la construcción del
proyecto Villafal, una residencia de lujo para ancianos con Alzhéimer situada en Paracuellos del Jarama (Madrid), un negocio con el que los acusados "pensaban ganar grandes cantidades de dinero".
Dado que la Fundación era tutora de los ancianos -la mayoría con alzhéimer, sin familiares o "teniendo estos intereses contrapuestos"- los acusados estaban autorizados para manejar sus cuentas por lo que no tenían impedimento alguno para transferir capital a sus cuentas de la Asociación Afal Contigo, la Fundación Afal Futuro o a la mercantil T4L, que formaba parte del grupo de empresas de Afal.
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Las transferencias "inconsentidas" alcanzaron un importe de ocho millones de euros
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Estas
transferencias "inconsentidas" o "injustificadas", según el fiscal, alcanzaron un importe de 8.422.090 euros "sin que conste en muchas ocasiones quién de ellos hacía las transferencias al efectuarse éstas por internet, pero en todo caso de común acuerdo y consentimientos de los tres".
Hasta 24 transferencias en apenas un mes de 50.000 euros cada una realizaron los acusados sobre el patrimonio de una de las afectadas a una cuenta en la en la que aparecía como beneficiaria la Asociación Afal Contigo, en tanto que a la sociedad mercantil T4L llegaron otros 359.941 euros gracias a la anciana discapacitada.
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