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La cuarentena obligada por hantavirus tiene "plena garantía" constitucional

Expertos subrayan que el confinamiento de un grupo concreto de personas no atenta contra ningún derecho fundamental

Roberto Luis Blanco Valdés, catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela.


08 may 2026. 13.45H
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El marco legal español es inequívoco en lo que se refiere a decretar confinamientos obligatorios por motivos de salud pública a raíz de casos como el del hantavirus. Los 14 españoles a bordo del Hondius tendrán que permanecer en cuarentena en el Hospital de Defensa Gómez Ulla, de Madrid, tras pasar los controles determinados por las autoridades una vez desembarquen en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, en principio el próximo domingo. El Ministerio de Sanidad confía en que ninguno se niegue a quedar aislado el tiempo que sea necesario, pero también tiene claro que, si alguien pusiera pegas, adoptaría todas las medidas legales necesarias para “garantizar la salud pública”. En ningún caso eso supondría atentar contra algún derecho fundamental recogido en la Constitución. Los expertos son tajantes al respecto.

“La normativa es clara”, señala a Redacción Médica Roberto Luis Blanco Valdés, catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. La primera norma a la que tendría que acudir Sanidad para forzar el confinamiento de un ciudadano es, tal y como ya ha destacado este periódico en varias ocasiones, la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que data de 1986. Es una de las que invocaron las autoridades durante la pandemia de coronavirus para justificar confinamientos poblacionales concretos.

En 2021, el Tribunal Constitucional declaró ilegales los dos estados de alarma decretados por el Gobierno durante la crisis del Covid-19. Las votaciones de los magistrados fueron ajustadas, pero se impuso la opinión de que aquellos confinamientos conllevaron, de facto, la supresión del derecho a la libre circulación, entre otros, por lo que lo adecuado habría sido declarar el estado de excepción. Pero los expertos advierten de que hay diferencias sustanciales entre aquella situación y la actual.

Una ley hecha expresamente para casos concretos


Tal y como apuntaba este jueves a Redacción Médica Federico Montalvo, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, durante la pandemia era toda la población la que estaba en riesgo potencial de contagio, mientras que en el caso del brote de hantavirus sí existen “sujetos identificados”. “La ley de medidas especiales en salud pública está hecha expresamente para estas situaciones”, subraya Blanco Valdés.

En efecto, en su artículo segundo se establece que las autoridades sanitarias competentes “podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control” cuando “se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”. Son medidas que, según Blanco Valdés, ofrecen “plenas garantías constitucionales” porque requieren un aval judicial: “Si un juez entendiera que esa ley entra en conflicto con los derechos fundamentales, podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad, que, además, sería resuelta rápidamente por el tribunal de garantías”.

Ningún pasajero se ha negado al confinamiento


El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado este viernes que ninguno de los pasajeros españoles del Hondius se ha negado expresamente a hacer la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. “Ninguno me ha manifestado ninguna oposición a ese respecto”, ha dicho en declaraciones en La 1. Padilla, que ha mantenido contacto directo con ellos, también ha señalado que ninguna de esas personas tiene síntomas de hantavirus y que se encuentran “bien” en “términos de salud” y con “muchas ganas de llegar a España”. La Comisión de Salud Pública se ha reunido este viernes para terminar de concretar el protocolo de intervención una vez el barco llegue a las inmediaciones del puerto tinerfeño.
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