La
Audiencia Nacional ha rechazado la reclamación de
90 médicos forenses interinos de que el Ministerio de Justicia les reconozca su
condición de trabajadores fijos. El órgano judicial considera que la solución para acabar con la alta tasa temporalidad de la Administración
no radica en convertir al personal interino en fijo. Así lo arroja la sentencia, con fecha del pasado 30 de marzo, que rechaza el recurso presentado por casi un centenar de facultativos contra una resolución de diciembre de 2014 de la subsecretaria del Ministerio de Justicia.
En este sentido, la Audiencia Nacional entiende que la ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) clasifica a los empleados públicos en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral -ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal- y personal eventual, cada uno de ellos con sus propias condiciones laborales.
“No procede equiparar a los médicos forenses interinos con los de carrera en aquellos aspectos que no se circunscriben a las condiciones de trabajo”, señala la sentencia.
Según dicta el órgano judicial, para tener la condición de trabajador fijo es
necesario acceder a la condición de funcionario de carrera, que exige superar un proceso selectivo que acredite la libre concurrencia el mérito y la capacidad. “Una cosa es la igualdad en las condiciones derivadas del ejercicio profesional durante el tiempo que se está produciendo el mismo y otra muy distinta la pretendida igualdad en otras consecuencias que no dependen de tal ejercicio, sino de la pertenencia al cuerpo como funcionario de carrera”, se puntualiza en la sentencia.
El fallo de la Sala subraya que “ni la Comisión Europea, ni la jurisprudencia comunitaria, ni el Tribunal Supremo han establecido que la solución al abuso en la contratación temporal sea la fijeza en el empleo”. Además, recalca que Tribunal Supremo estableció el pasado febrero
“medidas alternativas aplicables para sancionar el abuso”.
Las pretensiones de los médicos
En el recurso presentado ante el Ministerio de Justicia, los 90 médicos forenses solicitaban que, además de se les reconociera como empleados públicos fijos, se les abonasen las
mismas retribuciones fijas, trienios y complementos que a los facultativos titulares. Además, exigían la supresión de desigualdades en materia de nombramientos, protección social, promoción profesional, vacantes, formación, licencias, permisos y cese.
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