La Audiencia de Barcelona ha juzgado hoy a un neurocirujano que afronta cuatro años de cárcel por estafar presuntamente a un paciente, al que cobró 8.000 euros por operarle en un hospital concertado haciéndole creer que la sanidad pública carecía de los instrumentos necesarios para intervenirle.
La Fiscalía y la acusación particular ejercida por el denunciante han mantenido su petición de cuatro años de cárcel para el médico, Juan Luis M., que trabaja en la sanidad pública y además tiene una consulta privada, a la que el paciente acudió en agosto de 2012 aquejado de un síndrome piramidal.
Según mantienen las acusaciones, el médico indicó al paciente que debía someterse a una intervención quirúrgica de descomprensión del nervio ciático, pero le advirtió de que ese tratamiento no era posible practicarlo en la sanidad pública, dado que requería unas herramientas especiales que este no posee.
El paciente aceptó entonces ser intervenido en el Hospital Mutua de Terassa confiando en el mérito profesional del neurocirujano, según la Fiscalía, que añade en su escrito de acusación que el médico sabía que la intervención quirúrgica prescrita estaba cubierta por el Sistema Nacional de Salud.
Por la operación, que se llevó a cabo en los quirófanos de titularidad pública del Hospital Mutua de Terrassa -centro concertado con una sección privada y otra dependiente de la Seguridad Social-, el paciente pagó 6.000 euros al médico, 2.210 a la clínica y otros 506,26 por una resonancia magnética que se le practicó en la Clínica Dexeus.
En su declaración ante el tribunal, el neurocirujano ha negado que advirtiera al paciente de que la Seguridad Social carecía de medios para operarle y ha afirmado que su decisión de ser intervenido por la privada fue "absolutamente voluntaria" para lograr una solución "rápida" a su dolencia.
Según el acusado, en la visita en la que prescribió al paciente la operación se limitó a indicarle que en el Hospital Mutua de Terrassa nunca antes se habían llevado a cabo intervenciones como la suya y que en la sanidad pública él no podía usar su instrumental y material quirúrgico propios.
Pese a insistir en que nunca habló con el paciente de las listas de espera de la sanidad pública, el neurocirujano ha reconocido que el enfermo habría tenido que aguardar "un tiempo largo" antes de ser intervenido por la Seguridad Social, teniendo en cuenta que su dolencia no es considerada urgente.
En su declaración en el juicio, tanto el paciente como sus familiares han ratificado que el médico les hizo creer que la operación no estaba cubierta por la Seguridad Social y que, cuando una vez practicada la intervención le pidieron explicaciones, el neurocirujano les dijo que él no operaba en la pública "por sus huevos".
El acusado, por su parte, ha admitido que pudo contestar con "palabras gruesas" a los familiares del paciente, porque a su parecer entraron en una "dinámica de agresividad" ya que pretendían que el médico les emitiera una factura que después les fuera reembolsada por la Seguridad Social.
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