Ricardo Martínez Platel. Madrid
El baremo de daños sanitarios ha encontrado un nuevo obstáculo en el Ministerio de Justicia. Cuando parecía que el proyecto vería la luz antes de que finalizase la legislatura, el departamento de Rafael Catalá tiene paralizado el documento porque pretende plantear puntualizaciones, circunstancia que con la reforma del Código Penal ha quedado en un segundo plano, lo que está ralentizando los plazos.
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Rafael Catalá, ministro de Justicia.
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Esta iniciativa se ha convertido en una necesidad para determinar cuál debe ser la restitución del daño derivado de un acto sanitario concreto y responde a una demanda histórica del sector. La intención es que se convierta en una medida que garantice la seguridad jurídica y establezca criterios de igualdad basados en aspectos técnicos y científicos, a partir de unas escalas pensadas para cada patología, que recogerán una puntuación en función de la gravedad y las secuelas.
Hasta el momento, el baremo de daños para accidentes de tráfico es el que se ha venido empleando por abogados, peritos valoradores del daño corporal, así como por los médicos forenses, aunque nunca ha terminado de ser la solución por su carácter no vinculante y porque muchas de las lesiones que suceden en los siniestros automovilísticos no se pueden comparar en el ámbito sanitario. Aunque podía resultar suficiente cuando se trata de lesiones traumáticas, no es extrapolable a otras complicaciones médicas en las que es difícil aplicar esa tabla para las consecuencias derivadas de un tratamiento.
El nuevo proyecto está precisamente basado en el baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico, pero incorporará o modificará un total de 111 secuelas a las 475 que tiene actualmente el original, nada menos que un 23,3 por ciento más.
Entre los beneficios que supondría el nuevo baremo destaca el descenso de la litigiosidad y una mayor rapidez en la solución de los problemas indemnizatorios. Hasta el momento, debido a la ausencia de criterios únicos, era difícil que las partes pudieran llegar a acuerdos extrajudiciales. Además, permitiría a las compañías de seguro fijar las provisiones por siniestro dentro de cada ejercicio y frenará los incrementos de primas.
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