Ley General de Sanidad, 40 años después

Opinión de José Martínez Olmos, exsecretario general del Ministerio de Sanidad

Ley General de Sanidad, 40 años después

La promulgación de la Ley General de Sanidad (LGS) hace ahora 40 años es indudablemente un hito histórico de un valor incalculable para la sociedad española.

Muchas personas contribuyeron a hacer realidad este cambio normativo que, un amparado en la Constitución Española, supuso un paso adelante de una enorme magnitud al universalizar la sanidad pública y sentar las bases de un gran sistema creado para ofrecer una respuesta integral al derecho de la sociedad española a la protección de la salud. Un hombre destacó entre todas ellas: Ernest Lluch. Junto a Felipe González, puso en pie nuestra mejor versión de la sanidad pública.

La LGS ha sido un instrumento de enorme valor para el impulso de nuestro gran sistema público de salud y ello ha permitido conseguir muy buenos indicadores de salud y amplios avances en términos de equidad.

Pero el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene en la actualidad unos desafíos de enorme magnitud ya que el envejecimiento de la población, la cronicidad, la irrupción de la IA o las necesidades sociosanitarias, son algunos elementos que requieren un refuerzo de las políticas públicas sanitarias y el despliegue de algunas reformas de calado para asegurar la fortaleza futura del SNS y seguir respondiendo con calidad y equidad a la sociedad española.

Muchos se posicionan a favor de una reforma de la LGS o un cambio profundo en ella para poder seguir aspirando a disponer de respuestas adecuadas ante los problemas de salud. Yo, sin embargo, creo que lo prioritario es redefinir nuestro modelo sanitario para adaptarlo a las necesidades reales y las expectativas de la población y de los profesionales.

"Abordar el debate desde una perspectiva jurídica puede generar una falsa sensación de reforma, mientras el sistema sigue operando con inercias que ya no responden a los problemas reales"

Y aunque reformar la LGS estaría muy bien, creo que ello no tiene sentido sin antes definir el  nuevo modelo sanitario que se necesita y ello requiere un enfoque menos centrado en la arquitectura normativa y más orientado a la lógica funcional del sistema. La LGS, con ajustes puntuales, sigue siendo un marco válido en términos de principios: universalidad, equidad, financiación pública y organización descentralizada. El problema no es tanto la ley como el desfase entre su desarrollo operativo y la realidad actual.

El riesgo es claro: abordar el debate desde una perspectiva jurídica puede generar una falsa sensación de reforma, mientras el sistema sigue operando con inercias que ya no responden a los problemas reales. La cuestión no es reescribir la ley, sino redefinir cómo funciona el sistema en la práctica.

Ese nuevo modelo sanitario debe construirse sobre cuatro vectores estratégicos que hoy son ineludibles.

En primer lugar, la incorporación estructural de la inteligencia artificial. No como un elemento accesorio o experimental, sino como una infraestructura crítica del sistema. La IA, además de mejorar la eficiencia del SNA, puede permitir avanzar hacia un modelo más predictivo, personalizado y eficiente, pero exige condiciones claras: gobernanza del dato, interoperabilidad real, evaluación rigurosa de impacto y garantías éticas y de equidad. Sin esto, la IA no solo no aportará valor, sino que puede amplificar desigualdades y generar ineficiencias adicionales.

En segundo lugar, un refuerzo decidido de las políticas y estructuras de salud pública. La pandemia puso de manifiesto las debilidades estructurales en este ámbito, pero el problema es más profundo: seguimos con un sistema excesivamente orientado a la atención sanitaria y poco a la salud. La prevención, la promoción y la acción sobre determinantes sociales deben ocupar un lugar central, no marginal. Esto implica inversión, capacidad técnica y, sobre todo, una gobernanza que integre salud en todas las políticas.

En tercer lugar, un cambio en la gestion y en la potenciación de la participación profesional. El sistema sanitario español debe orientarse a acabar con una política retributiva caracterizada por el “café para todos” para potenciar y reconocer los resultados y la buena práctica. Se trata de rediseñar los modelos organizativos para que los profesionales tengan un papel activo en la gestión clínica, la innovación y la mejora continua. Sin esto, cualquier reforma será superficial.

"El debate no debería centrarse en si reformar o no la ley, sino en si somos capaces de afrontar una transformación operativa que alinee el sistema con los retos actuales"

En cuarto lugar, la incorporación efectiva de los pacientes como actores del sistema. No desde una perspectiva retórica, sino operativa. El paciente informado, corresponsable y con capacidad de decisión es un elemento clave para mejorar resultados y eficiencia. Esto requiere cambios en la relación clínica, en los sistemas de información y en los mecanismos de participación. Y potenciar el desarrollo de las escuelas de pacientes para favorecer el empoderamiento de las personas.

A estos cuatro vectores hay que añadir un elemento transversal que hoy es claramente insuficiente: la evaluación de resultados en salud y de las desigualdades. El SNS sigue midiendo mucho la actividad y poco el impacto. Sin un sistema robusto de evaluación, orientado a resultados clínicos, calidad de vida y equidad, es imposible gestionar de forma eficiente ni rendir cuentas a la sociedad.

Además, la ausencia de medición sistemática de desigualdades limita la capacidad de corregirlas. No basta con declarar la equidad como principio; hay que medirla, monitorizarla y gestionarla. Esto exige indicadores, sistemas de información adecuados y voluntad política.

En síntesis, el SNS no necesita tanto una nueva ley como un nuevo modelo de funcionamiento. La LGS puede seguir siendo el marco, pero el contenido real del sistema debe actualizarse en profundidad.

El debate, por tanto, no debería centrarse en si reformar o no la ley, sino en si somos capaces de afrontar una transformación operativa que alinee el sistema con los retos actuales. Si no se hace, el riesgo no es solo perder eficiencia, sino erosionar progresivamente los principios que han hecho del SNS uno de los pilares del Estado del bienestar.

Me declaro pesimista o, si se quiere, poco optimista. Estos cambios requieren o bien un consenso político o bien un impulso decidido desde el ámbito del Gobierno de España. No hay que olvidar que la LGS no surgió de un consenso pues la derecha política (entonces encarnada por Alianza Popular) no dió su apoyo a la Ley en 1986.

La oportunidad sigue estando ahí. Pero requiere menos retórica normativa y más capacidad de ejecución estratégica. Y, sobre todo, una idea clara: el futuro del sistema no se juega en el BOE, sino en cómo se organiza, se gestiona y se evalúa la sanidad en la práctica.