Indexación de contratos públicos para 'salvar' la tecnología sanitaria

Las empresas de tecnología sanitaria se ahogan ante la subida de costes de las materias primas y la energía, propiciada por el aumento de la inflación. Sin embargo, hay una solución que podría salvar, en cierta medida, esta situación y es la indexación de contratos. Una medida que se eliminó en 2015 y que, actualmente, es más necesaria que nunca. Sobre ello han reflexionado en la mesa redonda organizada por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), en el marco del XXVIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario.

"Necesitamos buscar una solución que garantice la viabilidad económica de los contratos. En acuerdos plurianuales nos imaginábamos que habría una evolución de los costes, pero no un aumento del 9 o 10 por ciento. ¿Cómo conseguimos llevar tecnología a los hospitales sin arruinarnos por el camino?", ha planteado Pablo Crespo de la Cruz, director de Operaciones del Departamento Legal de Fenin.

En este sentido, Crespo, como moderador del encuentro, ha explicado que de estos contratos depende tanto la sostenibilidad de las compañías, como la calidad asistencial de los pacientes. "Nuestras empresas están sufriendo mucho por la situación económica y pedimos ajustar los precios, así como promover medidas legislativas para hacerlo cuando esté justificado", ha añadido.

Crespo ha afirmado que las empresas de tecnología sanitaria están "sufriendo mucho" los sobrecostes.

La labor de los gestores sanitarios en la compra

Al otro lado de estas acciones están los profesionales de las comunidades autónomas que se dedican a la compra sanitaria. Estos gestores tienen una difícil tarea, sobre todo en este momento "delicado para las partes contratantes", tal y como ha apuntado María Blanco Campanero, gerente de Compras del Instituto Catalán de la Salud.

Blanco: "Las administraciones sufrimos porque la legislación española no nos está amparando para dar respuesta a las empresas"

"Nos pasamos el día pensando qué hacer con los contratos ya firmados. Las administraciones sufrimos porque la legislación española no nos está amparando para poder dar respuesta a las empresas", ha indicado Blanco.

Para sortear esta falta de indexación, los gestores sanitarios agudizan su ingenio y elaboran estrategias, siempre acordes a la ley. Por ejemplo, la gerente de Compras del Instituto Catalán de la Salud ha concretado que cuando una compañía les pide una revisión de precios, como este supuesto no está contemplado legalmente, optan por modificar un aspecto del contrato, que, casualmente, es el precio. "Al final se trata de garantizar el suministro de materiales a pacientes y no poner en riesgo la actividad asistencial", ha relatado. Eso sí, incluye el matiz de que esto se realiza de manera temporal.

Asimismo, Blanco ha apostillado que a la hora de fijar los precios de salida dejan que "el mercado se autorregule" y marcan un importe y un presupuesto base estimado. Gracias a ello consiguen que no haya menor concurrencia y que no haya sido necesario desprogramar ninguna cirugía. No obstante, ha abogado por conseguir "una modificación legislativa estatal" que les permita trabajar mejor y que no peligre el derecho fundamental de los pacientes españoles de recibir una atención de calidad.

Compras fuera de contrato

En esta misma línea, Vicente Fernández Gómez, responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral de la secretaría general técnica del Servicio Murciano de Salud, ha coincidido con Blanco en las dificultades que se están encontrando en esta "situación puntual". Por su parte, ha señalado que "al no tener soluciones amparadas por la ley", se ve obligado a renunciar a contratos y hacer compras fuera de ellos.

Fernández: "Podríamos ajustar los contratos si tuviéramos agilidad administrativa o la ley fuera más sencilla de aplicar"

Además, ha lamentado que no tienen "capacidad administrativa para ser ágiles", debido a la falta de profesionales. "Podríamos ajustar los contratos si tuviéramos una agilidad administrativa o la ley fuera más sencilla de aplicar, pero no es el caso", ha especificado.

De hecho, tanto Fernández como Blanco han reconocido mirar qué es lo que hacen otras comunidades autónomas al respecto, aunque creen que este no es el mejor remedio. "Tenemos que trabajar todos de la misma manera, no que cada territorio haga una cosa", ha comentado Fernández.

Otros países europeos ya han tomado medidas

La industria de la tecnología sanitaria y las administraciones están de acuerdo en remar hacia la indexación de contratos de nuevo en España, pero ¿cuál es la situación en otros países europeos? Para dar respuesta a esto, el abogado Jorge Robles González ha expuesto, en primer lugar, que la revisión de precios es "una técnica para mantener el equilibrio financiero de los contratos administrativos, que atiende a las circunstancias que concurren normalmente en la vida del contrato, como los costes derivados de la inflación".

Sin embargo, debido a la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española, hay pocos supuestos en los que se puede aplicar. Por ejemplo, en los contratos sanitarios de suministro y servicios solo tienen cabida si "disponen de un periodo de recuperación de la inversión de 5 años".

Robles: "Otros países de Europa ya han tomado medidas acerca de la revisión de precios este mismo año"

La situación no es la misma en otros países cercanos de nuestro entorno. La norma italiana de contratación pública admite la inclusión de cláusulas de revisión de precios dentro de las modificaciones previstas en los pliegos. Además, tiene un decreto ley que establece la inclusión de la revisión de precios en los contratos hasta el 31 de diciembre de 2023. "El legislador italiano ha considerado que había que echar una mano y mantener los contratos", ha valorado Robles.

Mientras que en Portugal cuenta con un decreto ley de este mismo año con un mecanismo extraordinario de revisión de precios que también alcanza los contratos de suministro (precisamente, los que dejaba fuera España). 

Ante estos ejemplos, todos los ponentes han compartido la opinión de que España necesita "tomar medidas de sentido común" y hacer un cambio legislativo urgente en este sentido.