El debate sobre contratación pública en el sector sanitario del XXIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario ha desembocado en una discusión entre la representante de Farmaindustria y el del Instuto Nacional de Gestión Sanitaria sobre la idoneidad de publicar los precios unitarios en los contratos públicos de medicamentos.
Lourdes Fraguas, secretaria general de Farmaindustria, ha defendido esta confidencialidad en las licitaciones públicas porque “a veces el miedo a otros precios hace que muchas empresas no se presenten y no se encuentren los mejores precios o la mejor solución”. Además, considera que, de publicarse, esto daría la pista a otros países y sería negativo para la competencia entre empresas.
La defensa de la transparencia en lo que a precios se refiere ha venido de José Julián Díaz Melguizo, director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa): “Nosotros estamos obligados (por una directiva europea) a publicar las adjudicaciones”. Además, ha afirmado no sentirse preocupado por que no salgan los precios unitarios: “Si se publica el volumen y el precio final, se puede sacar el precio unitario con una simple calculadora”.
Para la representante de Farmaindustria, el hecho de que “se publique el precio unitario restringe las posibilidades de las empresas”, debido a que “el ministerio de Sanidad fija el precio y encima estás en un proceso de tener que negociar y ofrecer mejores condiciones”.
Sobre este aspecto Díaz Melguizo ha reconocido que el Ingesa “a lo mejor no ha sabido transmitir que el precio fijado no es el del medicamento, sino que responde a necesidades de un momento determinado”. Así, ha reconocido que los países “observan los precios y van ajustando” y ha concluido que se trata de “un debate abierto que habrá que ir viendo en los próximos meses”.
Desigualdad entre CCAA
En lo que sí han coincidido tanto Díaz Melguizo como Fraguas y el resto de ponentes es en la dificultad añadida para las contrataciones públicas que suponen las desigualdades entre comunidades. El responsable de Ingesa ha atribuido al objetivo de reducción de estas diferencias la decisión de crear la plataforma de compras centralizada para “garantizar una economía de escala”.
Por su parte, Fraguas ha aplaudido las normas de contratación para el presupuesto de 2017 que ha enviado el Gobierno a Europa y ha apuntado a que su deseo “es que acaben con esas disparidades”.
Incluso César Tolosa, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se ha referido a estas desigualdades “de las que debemos huir”. Como ejemplo ha hablado de “sentencias de tribunales administrativos no acordes entre sí que generan perplejidad e inseguridad jurídica a la industria”.
Por su parte, Alejandro Toledo, vicepresidente de la Plafatorma de Organizaciones de Pacientes, ha hablado de la equidad en los tratamientos como principio fundamental del derecho a la salud. Por eso, ha afirmado no estar en contra de las contrataciones públicas de tratamientos a través de conciertos, pero con condiciones: “Exigimos que se haga con criterios de equidad y con transparencia”. Ha criticado que en la mayoría de los casos no se tienen en cuenta “criterios de seguridad y validez”.
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