La Junta de Extremadura no suscribirá ningún convenio con Portugal en materia de gestación subrogada hasta que este asunto no esté claro desde el punto de vista "ético, médico y social", según palabras del consejero de Salud, José María Vergeles.
El titular de Sanidad ha reconocido que desde que apareció la directiva de asistencia sanitaria transfronteriza, los acuerdos con el Estado vecino no se han vuelto a producir porque, "en teoría", los países que derivan pacientes tienen que pagar la atención al receptor. Esto ha provocado que hayan ido desapareciendo los convenios que la comunidad extremeña tenía con el país luso sobre partos, cirugía pediátrica y de oncología radioterápica.
Las declaraciones de Vergeles son una respuesta sobre la regulación portuguesa de la gestación subrogada, que acaba de entrar en vigor un año después de la aprobación de la normativa. Por el momento las reglas están limitadas a situaciones excepcionales, como la ausencia de útero o lesiones y enfermedades que impiden el embarazo, y los contratos deberán ser revisados por el Consejo Nacional de Fecundación Asistida (CNPMA, por sus siglas en portugués).
Además, la mujer gestante no podrá recibir ningún pago económico, salvo los referidos a gastos médicos, y tendrá acompañamiento psicológico tanto antes como después del parto. Tal y como recoge el Decreto, su relación con el niño se circunscribe "al mínimo indispensable, por los potenciales riesgos psicológicos y afectivos que esa relación comporta".
De esta forma, el recurso a la gestación subrogada "sólo es posible con carácter excepcional y gratuito, en los casos de ausencia de útero y de lesión o enfermedad de este órgano que impida de forma absoluta y definitiva el embarazo de la mujer o en situaciones clínicas que lo justifiquen".
El proceso legislativo de la gestación de sustitución no ha estado exento de controversia, incluidos dos dictámenes críticos, uno del comité de bioética portugués y otro del presidente de la República.
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