El pleno del
Tribunal Constitucional ha oficializado la designación, como nuevo presidente, de
Cándido Conde-Pumpido. Con la también progresista
Inmaculada Montalbán acompañándole en la vicepresidencia, el que fuera hasta 2011 fiscal general del Estado se pondrá al frente del órgano que próximamente deberá bascular la legitimidad de leyes de impacto sanitario como las relativas a
la eutanasia y al aborto, que han reabierto el debate sobre los límites de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
A través de un escueto comunicado, el pleno del TC ha informado de la designación de Conde-Pumpido e Inmaculada Montalbán, nuevos presidente y vicepresidenta del Alto Tribunal. El jurista gallego se ha impuesto a la candidatura de
María Luisa Balaguer, también vinculada al ala progresista, que contaba con el respaldo de los cuatro representantes del bloque conservador. Finalmente, Conde-Pumpido ha recibido el apoyo de los cinco magistrados progresistas, incluido el de
María Luis Segoviano, la gran incógnita de la votación.
Con el mismo recuento de votos, el pleno también ha designado a Montalbán como nueva vicepresidenta del TC. Se rompe de esta forma la tradición de que la presidencia corresponda al sector mayoritario y la vicepresidencia al minoritario. El bloque conservador había postulado a
Ricardo Enríquez, el magistrado de mayor antigüedad y edad, que ha logrado cinco votos.
Conde-Pumpido tiene frente a sí una destacada agenda de temas sanitarios, entre los que destaca la
Ley de la Eutanasia. La corte de garantías admitió a trámite los
recursos interpuestos por PP y Vox contra la norma del Gobierno, mediante la que se regula la muerte de personas con padecimiento grave, crónico e incurable. Sus críticos apelaron, entre otras causas, a la necesidad de “evitar posibles abusos y proteger a las personas vulnerables”, así como a la necesidad de asegurar el derecho a la objeción de conciencia de los médicos.
En concreto, los populares acusaron al Ejecutivo de
restringir “desproporcionadamente” el derecho de los profesionales sanitarios, y pusieron en entredicho la “constitucionalidad” de la lista de objetores.
Recursos contra la Ley del Aborto
Según han detallado a
Europa Press fuentes jurídicas, la idea no obstante es empezar con los asuntos que llevan
más tiempo en espera, entre ellos el
recurso de 2010 del PP contra la regulación del aborto, al que se sumó posteriormente otro de Vox.
Este mismo diciembre, el Congreso dio su
aprobación a la ley del aborto, que incorporó a última hora una transaccional y otra enmienda del Grupo Plural sobre el uso de imágenes de las pacientes, mantiene las principales directrices indicadas para el personal médico, así como la creación de un registro estatal de profesionales objetores.
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