El Gobierno tendrá margen para subsanar sus
problemas de morosidad en la contratación pública de empresas, algo que afecta también a laboratorios farmacéuticos y compañías tecnológicas vinculadas al ámbito sanitario. Fuentes de la Comisión Europea explican a
Redacción Médica que,
“por ahora”, no se ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia por este caso, aunque la posibilidad está sobre la mesa.
La Comisión Europea concedió a comienzos de junio a España
dos meses para corregir su legislación estatal de morosidad pública, que según este organismo no es conforme a las directivas comunitarias.
En concreto, la Comisión que preside Ursula von der Leyen recriminó a España los “
excesivos” y “persistentes” retrasos, por parte de las administraciones públicas, a la hora de hacer frente a los pagos de sus facturas. En el caso de los hospitales,
este plazo es de 60 días, el doble que en la mayoría de las compañías.
“En el contexto económico actual, incluso más que antes, las empresas y pymes
dependen de estos pagos periódicos para funcionar y mantener el empleo”, advirtió la CE.
El proceso "continúa abierto"
De esta forma, dejó a España un plazo de dos meses para
responder a estas alegaciones para evitar la judicialización, una fecha límite que el país ha logrado sortear. No obstante, las autoridades comunitarias mantienen la advertencia y aseveran que el proceso “continúa abierto”.
La CE reconoce en cualquier caso los
“esfuerzos” del país para subsanar esta falta de “puntualidad” en los pagos, un problema del que se tiene constancia desde el año 2015.
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