El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha desestimado este miércoles el recurso presentado por España contra la multa de casi 19 millones de euros impuesta por la UE por la manipulación de las estadísticas de déficit y deuda en la Comunitat Valenciana durante más de 20 años y que se corrigieron en 2012. En su sentencia, el Tribunal con sede en Luxemburgo considera que no se puede cuestionar la "negligencia grave" cometida por España, a pesar de que la manipulación sólo afectase al déficit de una Comunidad Autónoma y de que las autoridades cooperaran después en la investigación.
El fallo también ha dado por bueno el cálculo de la multa, que España consideró desproporcionado y descarta que la Comisión no cumpliera su obligación de "imparcialidad objetiva" durante el caso. La Unión Europea impuso en 2015 una sanción a España de 18,93 millones de euros por la manipulación de datos de déficit en la Comunitat Valenciana mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario. Las autoridades españolas presentaron en septiembre de 2015 un recurso para solicitar la anulación de la sanción alegando vulneración del derecho de defensa y del derecho a una buena administración y argumentando también la inexistencia de infracción y el carácter desproporcionado de la multa que le impuso el Consejo.
En concreto, España puso en cuestión que se tergiversaran los datos porque fueron corregidos en el tiempo oportuno y planteó que se violó su derecho de defensa, ya que las autoridades españolas suministraron el material incriminatorio a la Comisión Europea porque no conocían las sospechas de manipulación. Este caso fue el primero en que el la Comisión Europea pidió sancionar a un Estado miembro por falsear sus estadísticas basándose en las nuevas normas de la UE que se aprobaron en 2011 a raíz del caso de Grecia, una petición que fue avalada después por los Veintiocho. Aunque la manipulación del déficit en la Comunitat Valenciana se produjo entre 1988 y 2011, por el carácter no retroactivo de la legislación la multa se refiere sólo al periodo 2011-2012, durante el que se calcula que el gasto sanitario no registrado ascendió a 2.000 millones de euros.
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