España fragmenta el castigo por agredir a médicos con multas desiguales
En tres de ellas se han dictado 487 resoluciones sancionadoras, cuyas multas pueden oscilar entre 600 y 600.000 euros
En tres comunidades autónomas se han dictado 487 resoluciones sancionadoras.
20 jun 2026. 18.25H
POR DAVID PUNZANO
Más de un tercio de las comunidades autónomas actúan con mano dura frente a las agresiones a sanitarios. Siete regiones usan ya un régimen sancionador específico para perseguir y castigar a usuarios de la sanidad que arremeten con violencia contra los profesionales que les intentan atender, con multas que pueden oscilar entre 600 y 600.000 euros. En tres de ellas, se han dictado 487 resoluciones sancionadoras desde que han implantado este sistema, según ha podido saber Redacción Médica, y sostienen que es más contundente que el Estatuto Marco estatal y el Código Penal.
Las seis comunidades autónomas con un régimen sancionador específico en sanidad son Castilla y León, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra, Galicia, La Rioja y la Región de Murcia. Por su parte, Cataluña y la Comunidad Valenciana están tramitando uno, mientras que la Comunidad de Madrid, País Vasco y Extremadura, a pesar de reforzar la protección de su personal sanitario con otros instrumentos, no tienen. El resto de regiones no han dado respuesta a la consulta de este periódico.
Por su parte, las tres regiones que han dictado casi 500 resoluciones sancionadoras son Castilla y León, Cantabria y Castilla-La Mancha. En Castilla y León, el régimen sancionador contempla las agresiones al personal que trabaja en centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud y está recogido en la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de ordenación del sistema de salud de Castilla y León, en el título X. Este establece tres tipos de infracciones, leves, graves y muy graves, cuyas sanciones oscilan entre 300 y 3.000 euros, 3.001 y 60.000 euros, y 60.001 y 600.000 euros, respectivamente. "Desde el año de su implantación y hasta 2024 se han dictado 297 resoluciones sancionadoras, en su mayor parte leves", han detallado desde la Consejería de Sanidad.
En el caso de Cantabria se aplica la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria para sancionar las agresiones a trabajadores del sistema sanitario público y privado. Esta normativa contempla infracciones leves y graves y la comunidad autónoma empezó a sancionar las agresiones en 2022. En 2023, se incoaron treinta expedientes sancionadores por falta grave, es decir, multas a partir de 3.000 euros, ya que la modificación de la falta leve entró en vigor en 2024.
En 2024 se incoaron 62 expedientes sancionadores, de los cuales 37 se castigaron con sanciones de 200 a 300 euros, mientras que los otros 25 se saldaron con sanciones superiores a 3.000 euros. Por su parte, en 2025, se incoaron 51 expedientes sancionadores, 30 por falta leve y 21 por falta grave.
Castilla-La Mancha se dotó en 2023 mediante un decreto de las competencias sancionadores en el ámbito de las competencias de las Consejerías de Sanidad, con lo cual puede iniciar estos procedimientos con la participación de los delegados provinciales del departamento. Según ha detallado la Consejería de Sanidad, entre 2021 y 2025 se han abierto "47 expedientes sancionadores, de los cuales siete se han resuelto como falta muy grave, 12 como falta grave y 28 como falta leve". Esto se traduce en sanciones de aproximadamente 600, 3.000 y más de 15.000 euros, respectivamente.
También cuentan con un régimen sancionador para las agresiones a sanitarios Navarra y Galicia, aunque sin datos de las multas impuestas. En la primera región se notificaron 775 agresiones a profesionales sanitarios en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, cuyos protagonistas pueden ser castigados con la Ley Foral de 2010 de derechos y deberes de las personas en materia de salud. Así, se contemplan tres tipos de infracciones, con sanciones con tres grados en cada una de ellas y que oscilan entre un mínimo de 600 euros hasta un máximo de 600.000 euros. Además, algunos de los agresores se enfrentan también al cambio de centro sanitario.
Galicia ha sido la última en establecer en una ley medidas de prevención y protección integral contra la violencia del sistema de salud gallego. Lo hizo en abril con la modificación de la Ley de salud de Galicia, con la que incluye a los técnicos de emergencias sanitarias y del 061 entre el personal a proteger, y regula las grabaciones en consulta sin consentimiento, el acoso y el ciberacoso. Su modelo de multas es parecido al de Navarra, con tres tipos de infracción y tres grados para cada uno de ellos, aunque las cuantías son distintas, con sanciones de 300 a 15.000 euros.
Finalmente, en el caso de La Rioja, el Ejecutivo autonómico ha promovido una modificación legislativa para reforzar la protección de los profesionales sanitarios dentro del sistema público de salud, incorporando un régimen sancionador más contundente ante conductas que atenten contra el normal funcionamiento de los servicios sanitarios o contra la integridad y seguridad de sus profesionales. Las sanciones pueden alcanzar hasta los 600.000 euros en los casos más graves. Desde el Servicio Riojano de Salud se han tramitado alrededor de veinte amonestaciones escritas. La última región en contar con una ley para sancionar las agresiones a sanitarios ha sido la Región de Murcia.
Por su parte, en Cataluña no existe una ley o norma con potestad sancionadora ante agresiones a personal sanitario por ahora, pero el Govern de la Generalitat está tramitando una. El objetivo de la norma es "establecer un régimen sancionador y un marco preventivo y de seguimiento de las agresiones". En la actualidad, la tramitación de la misma está a punto de concluir el proceso de participación y quedará pendiente que se aborde en el Parlament.
En el caso de la Comunidad Valenciana, se está trabajando en una modificación de la Ley de Salud 10/2014 de la región para incluir un régimen específico de infracciones y sanciones que permita a los órganos competentes de sanidad sancionar sin necesidad de recurrir a la vía judicial.
Finalmente, País Vasco, Extremadura y Comunidad de Madrid no tienen un régimen sancionador específico en sanidad. En País Vasco se contabilizaron un total de 1.047 profesionales de Osakidetza que reportaron alguna agresión. Osakidetza cuenta con el Procedimiento frente a la Violencia en el Trabajo y el Protocolo de Gestión de la Prevención y ofrece asesoramiento jurídico a los profesionales afectados.
Extremadura dispone de un Registro de casos de agresión a profesionales del sistema sanitario público y centros sociosanitarios desde 2018, un Plan de prevención, actuación y atención a profesionales sanitarios frente a las agresiones desde 2022 y el botón del pánico en todos los centros de salud desde 2025, con lo que pretende reforzar la protección de su personal sanitario. Por último, la Comunidad de Madrid se rige por "el Estatuto Marco y el Código Penal" y "por el momento no hay previsto trabajar en una ley autonómica", según fuentes de la Consejería de Sanidad.
Las seis comunidades autónomas con un régimen sancionador específico en sanidad son Castilla y León, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra, Galicia, La Rioja y la Región de Murcia. Por su parte, Cataluña y la Comunidad Valenciana están tramitando uno, mientras que la Comunidad de Madrid, País Vasco y Extremadura, a pesar de reforzar la protección de su personal sanitario con otros instrumentos, no tienen. El resto de regiones no han dado respuesta a la consulta de este periódico.
Casi 500 multas a agresores
Por su parte, las tres regiones que han dictado casi 500 resoluciones sancionadoras son Castilla y León, Cantabria y Castilla-La Mancha. En Castilla y León, el régimen sancionador contempla las agresiones al personal que trabaja en centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud y está recogido en la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de ordenación del sistema de salud de Castilla y León, en el título X. Este establece tres tipos de infracciones, leves, graves y muy graves, cuyas sanciones oscilan entre 300 y 3.000 euros, 3.001 y 60.000 euros, y 60.001 y 600.000 euros, respectivamente. "Desde el año de su implantación y hasta 2024 se han dictado 297 resoluciones sancionadoras, en su mayor parte leves", han detallado desde la Consejería de Sanidad.
En el caso de Cantabria se aplica la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria para sancionar las agresiones a trabajadores del sistema sanitario público y privado. Esta normativa contempla infracciones leves y graves y la comunidad autónoma empezó a sancionar las agresiones en 2022. En 2023, se incoaron treinta expedientes sancionadores por falta grave, es decir, multas a partir de 3.000 euros, ya que la modificación de la falta leve entró en vigor en 2024.
En 2024 se incoaron 62 expedientes sancionadores, de los cuales 37 se castigaron con sanciones de 200 a 300 euros, mientras que los otros 25 se saldaron con sanciones superiores a 3.000 euros. Por su parte, en 2025, se incoaron 51 expedientes sancionadores, 30 por falta leve y 21 por falta grave.
Castilla-La Mancha se dotó en 2023 mediante un decreto de las competencias sancionadores en el ámbito de las competencias de las Consejerías de Sanidad, con lo cual puede iniciar estos procedimientos con la participación de los delegados provinciales del departamento. Según ha detallado la Consejería de Sanidad, entre 2021 y 2025 se han abierto "47 expedientes sancionadores, de los cuales siete se han resuelto como falta muy grave, 12 como falta grave y 28 como falta leve". Esto se traduce en sanciones de aproximadamente 600, 3.000 y más de 15.000 euros, respectivamente.
Navarra y Galicia, con régimen sancionador
También cuentan con un régimen sancionador para las agresiones a sanitarios Navarra y Galicia, aunque sin datos de las multas impuestas. En la primera región se notificaron 775 agresiones a profesionales sanitarios en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, cuyos protagonistas pueden ser castigados con la Ley Foral de 2010 de derechos y deberes de las personas en materia de salud. Así, se contemplan tres tipos de infracciones, con sanciones con tres grados en cada una de ellas y que oscilan entre un mínimo de 600 euros hasta un máximo de 600.000 euros. Además, algunos de los agresores se enfrentan también al cambio de centro sanitario.
Galicia ha sido la última en establecer en una ley medidas de prevención y protección integral contra la violencia del sistema de salud gallego. Lo hizo en abril con la modificación de la Ley de salud de Galicia, con la que incluye a los técnicos de emergencias sanitarias y del 061 entre el personal a proteger, y regula las grabaciones en consulta sin consentimiento, el acoso y el ciberacoso. Su modelo de multas es parecido al de Navarra, con tres tipos de infracción y tres grados para cada uno de ellos, aunque las cuantías son distintas, con sanciones de 300 a 15.000 euros.
Finalmente, en el caso de La Rioja, el Ejecutivo autonómico ha promovido una modificación legislativa para reforzar la protección de los profesionales sanitarios dentro del sistema público de salud, incorporando un régimen sancionador más contundente ante conductas que atenten contra el normal funcionamiento de los servicios sanitarios o contra la integridad y seguridad de sus profesionales. Las sanciones pueden alcanzar hasta los 600.000 euros en los casos más graves. Desde el Servicio Riojano de Salud se han tramitado alrededor de veinte amonestaciones escritas. La última región en contar con una ley para sancionar las agresiones a sanitarios ha sido la Región de Murcia.
Cataluña y Comunidad Valenciana, en trámite
Por su parte, en Cataluña no existe una ley o norma con potestad sancionadora ante agresiones a personal sanitario por ahora, pero el Govern de la Generalitat está tramitando una. El objetivo de la norma es "establecer un régimen sancionador y un marco preventivo y de seguimiento de las agresiones". En la actualidad, la tramitación de la misma está a punto de concluir el proceso de participación y quedará pendiente que se aborde en el Parlament.
En el caso de la Comunidad Valenciana, se está trabajando en una modificación de la Ley de Salud 10/2014 de la región para incluir un régimen específico de infracciones y sanciones que permita a los órganos competentes de sanidad sancionar sin necesidad de recurrir a la vía judicial.
Finalmente, País Vasco, Extremadura y Comunidad de Madrid no tienen un régimen sancionador específico en sanidad. En País Vasco se contabilizaron un total de 1.047 profesionales de Osakidetza que reportaron alguna agresión. Osakidetza cuenta con el Procedimiento frente a la Violencia en el Trabajo y el Protocolo de Gestión de la Prevención y ofrece asesoramiento jurídico a los profesionales afectados.
Extremadura dispone de un Registro de casos de agresión a profesionales del sistema sanitario público y centros sociosanitarios desde 2018, un Plan de prevención, actuación y atención a profesionales sanitarios frente a las agresiones desde 2022 y el botón del pánico en todos los centros de salud desde 2025, con lo que pretende reforzar la protección de su personal sanitario. Por último, la Comunidad de Madrid se rige por "el Estatuto Marco y el Código Penal" y "por el momento no hay previsto trabajar en una ley autonómica", según fuentes de la Consejería de Sanidad.
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