El
Consejo General de Enfermería (CGE) recurrirá al Tribunal Constitucional para que impugne el Real Decreto que aprobó el Gobierno para adaptar la trasposición de la
Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales. Precisamente, esta defensa jurídica coincide en el tiempo con la polémica surgida en la Comunidad Valenciana, después de que la Consejería de Sanidad de dicha comunidad
utilizara el término de prescripción enfermera.
El CGE toma esta la decisión tras conocer que el
Tribunal Supremo ha desestimado el incidente de nulidad interpuesto por ellos, alegando que la cuestión prejudicial, “que allí se daba, no concurre aquí”. “En este proceso se discutía sobre la suficiencia, desde el punto de vista normativo, de un
Real Decreto para tratar de las competencias profesionales de los enfermeros”, justifica el escrito.
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Desde el CGE explican a Redacción Médica, que "no se rinden" y llevarán al Gobierno de España ante el TJUE
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Aun así, desde el
CGE explican a
Redacción Médica, que “no se rinden” y llevarán al Gobierno de España ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso de que el Tribunal Constitucional tampoco les de la razón.
Su crítica ante la
Administración se basa básicamente en que no se ha adaptado de forma adecuada dicha directiva de 2015, la cual en lo que respecta a la profesión enfermera,
se recogen las competencias básicas de una enfermera generalista.
Incompatibilidad jurídica
Entre ellas, se incluye una competencia fundamental para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población:
el diagnóstico independiente de cuidados enfermeros.
Tal y como explican desde el
CGE, "el problema radica en que a la hora de enumerar y definir las cualificaciones profesionales enfermeras, la
Directiva Europea es mucho más innovadora que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias(LOPS) que, como su nombre indica, regula las profesiones sanitarias y data del año 2003".
Sin embargo, el Gobierno decidió incorporar el contenido de la Directiva Europea al derecho español a través de un Real Decreto, generando una situación de
incompatibilidad jurídica que afecta de lleno a la regulación de las competencias enfermeras.
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