El TC anula la norma que exigía una autorización judicial para la eutanasia

El Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra la norma de la Comunidad de Madrid que pedia la obligatoriedad de obtener una autorización judicial para aplicar la eutanasia a personas con discapacidad tuteladas. La sentencia explica que la regulación impugnada, como también dice el letrado de la Comunidad de Madrid, no responde a una peculiaridad del derecho sustantivo autonómico, además de "invadir la competencia en materia procesal que corresponde al Estado" al regular cuestiones que "le están vedadas".

Esta disposición se enmarca dentro de la Ley de la Comunidad de Madrid 1/2023, de 15 de febrero, de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. La norma establece que cuando se pretenda llevar a cabo "cualquier actuación que afecte al derecho a la vida de la persona con discapacidad" a la que se haya provisto de un "apoyo de carácter representativo" para el ejercicio de la capacidad jurídica o se determine "de manera expresa" en la resolución que estableció el apoyo, "se tramitará un procedimiento de jurisdicción voluntaria para la solicitud de autorización judicial".

A consecuencia, el TC ha establecido que el recurso se fundamentaba "en motivos competenciales y sustantivos". Se afirmaba que la disposición adicional "vulneraba las competencias del Estado sobre legislación procesal y legislación civil", así como la reserva de ley orgánica por "regular requisitos adicionales y distintos" a los previstos en la ley de regulación de la eutanasia, el principio de seguridad jurídica y parte de la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

El Consejo de Ministros aseguró en mayo que la normativa madrileña contaba con "fundamentos jurídicos suficientes" para ser derogada

Una norma con "invasión competencial"

Como ya explicó Redacción Médica, el Gobierno había presentado en mayo un recurso ante el TC para tratar de impugnar la ley de la Comunidad de Madrid asegurando que había "fundamentos jurídicos suficientes" para solicitar la derogación de esta normativa autonómica por una supuesta invasión competencial. La publicación de la ley autonómica el pasado 15 de febrero llevó al Ministerio de Política Territorial a solicitar un informe al Consejo de Estado para analizar su posible impugnación. El órgano consultivo concluyó en mayo que existían "razones jurídicas" para trasladar el recurso hasta el Tribunal Constitucional.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, argumentó que la normativa estaba afectando al desarrollo de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, aprobada en 2021 a propuesta del Gobierno, ya que "limita los requisitos para acceder a los derechos" de personas con discapacidad.