Uno de los pactos entre
PSOE y
PNV para investir a
Pedro Sánchez ha sido suspendido de forma cautelar después de la sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo (TS). Tal y como ha adelantado
El Español y lo ha confirmado
Redacción Médica, el traspaso al
País Vasco de la competencia de homologar títulos universitarios extranjeros, aprobada por el Gobierno de España el pasado mes de abril, no ha progresado después de que las alegaciones de instituciones como la Organización Médica Colegial de España (
OMC) y el
Consejo General de Dentistas prosperasen.
El
proceso de homologación empezó el pasado uno de julio con las primera solicitudes y ahora, con esta decisión del TS, este trámite queda completamente en el aire.
Redacción Médica entrevistó a una médica de Venezuela que lleva
un año y medio esperando formalizar su título en España y aspiraba a homologarse en el País Vasco.
Redacción Médica ha accedido al contenido de la sentencia emitida por el TS, en la que se destaca que la suspensión de la cesión de
la homologación médica tendrá muy poca incidencia, debido a que no se habrán dictado resoluciones definitivas en 10 meses. El principal motivo de esta demora es, tal y como afirma la sentencia dictada, por el hecho de que no se han adoptado las
medidas organizativas y funciones necesarias.
La OMC, satisfecha con la decisión del Tribunal Supremo
Tomás Cobo, presidente de la OMC, se muestra satisfecho tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo y destaca en
Redacción Médica que la sentencia emitida por la institución judicial “atiende a la petición tanto de la
OMC como de
Unión Profesional y del
Consejo de Odontología”.
De esta forma, el especialista remarca que se remite al texto del recurso que presentaron, recordando que el pacto entre el PSOE y el PNV de traspasar la competencia de
homologar títulos universitarios extranjeros “iba en dirección contraria a lo que tenemos que Europa que es la
armonización de las homologaciones de extracomunitarios para que el mapa de competencias sea el mismo en el entorno europeo”.
Después de la sentencia emitida por el TS que da la razón a la OMC, Cobo defiende que “la institución ha tomado en consideración la
s alegaciones que se presentaron en su día para frenarlo. Se celebra porque si lo que queremos es armonizar, atomizarlo no tiene sentido”.
El Consejo General de Dentistas celebra la decisión
Por su parte, el presidente del Consejo General de Dentistas,
Óscar Castro, destaca que el traspaso de competencias en materia de homologación de títulos universitarios al País Vasco “va en contra del principio de equidad. El hecho de que una
comunidad autónoma disponga de un sistema propio de homologación de títulos puede suponer diferencias que provoquen graves desigualdades en la obtención de la homologación”.
Además, el especialista está convencido de que, si el acuerdo entre el
PSOE y el PNV con respecto a la homologación hubiese prosperado, “provocaría un efecto contagio en otras regiones que, en caso de enfrentarse a una escasez de profesionales sanitarios, pedirían la misma solución”.
Por tanto, Castro considera “
muy positiva la decisión del Tribunal Supremo de frenar cautelarmente la transferencia de estas competencias al País Vasco y esperamos que el procedimiento judicial se resuelva con una sentencia firme que suspenda el traspaso de forma definitiva”.
El Ministerio de Universidades ejerce esta competencia
Actualmente, el País Vasco es la
única comunidad autónoma de toda España que el Ejecutivo Central llegó a
traspasar la homologación de los títulos universitarios extranjeros para que tengan los mismos efectos que si hubieran sido conseguidos en universidades españolas. Esta competencia la ejerce exclusivamente el
Ministerio de Universidades en el resto del territorio nacional.
Este traspaso provocó que varios colegios profesionales alzaran la voz, como es el caso del Consejo General de Dentistas y de la OMC, que defendió en su momento que la
regulación de las condiciones de homologación de titulaciones universitarias es una competencia atribuida constitucionalmente al Estado como propia y exclusiva.
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