Redacción. Barcelona
El Tribunal Supremo (TS) ha obligado a la empresa Uralita a hacerse cargo de los recargos de las prestaciones de invalidez y viudedad de los trabajadores y familiares de la empresa Rocalla SA, de Castelldefels (Barcelona), antes de ser absorbida por la primera en 1993.

La Sala de lo Social del Supremo ha dado la razón a un extrabajador de Rocalla en una sentencia en la que el alto tribunal ha cambiado de criterio que había exhibido hasta ahora y donde también unifica doctrina que crea jurisprudencia.

El importe de las prestaciones de la Seguridad Social, por invalidez, enfermedad, orfandad y viudedad, por una enfermedad laboral se incrementan respecto a lo que correspondería de no ser laboral y, en el caso del amianto, suele ser del 50 por ciento, según ha explicado en un comunicado Col•lectiu Ronda.

Numerosas sentencias, incluyendo resoluciones del Supremo, consideran probado y evidente que la falta de medidas de seguridad e higiene en la manipulación y exposición al amianto es la principal causa de las enfermedades y muertes de centenares de extrabajadores de Rocalla.

Hasta ahora, la cuestión de si correspondía a Uralita hacerse cargo de estos importes había suscitado decisiones contradictorias y contrapuestas en los diferentes juzgados.