El Tribunal Supremo ha
declarado nulas dos jubilaciones forzosas que el Gobierno de Aragón impuso a médicos del Servicio Aragonés de Salud en 2013 y obliga a la Administración a pagarles las retribuciones que no han percibido desde esa fecha hasta cumplir los 70 años de edad. Hasta el momento,
otros 200 recursos de este tipo esperan en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Las primeras sentencias reconocen el
derecho que tenían los demandantes a permanecer en el servicio activo a partir de los 65 años ya que establecen que su prórroga laboral no puede denegarse "libre e incondicionadamente" sino que debe hacerse con "sujeción a lo que prevean los Planes de Ordenación de Recursos Humanos". Ante estas sentencias,
no hay posibilidad de recurso y el departamento de Sanidad ha manifestado que
acatará las mismas.
Lorenzo Arracó, secretario de CESM Aragón ha señalado a Redacción Médica que esta sentencia "es el reconocimiento de que finalmente se ha hecho justicia". El anterior Ejecutivo aplicó las jubilaciones forzosas con el objetivo de ahorrar, pero "no se ahorró y, además,
se perdió calidad asistencial", ha manifestado Arracó.
Por su parte, el abogado del sindicato,
Pedro Altava, ha explicado a este periódico que la sentencia del Supremo
probablemente siente jurisprudencia, "aunque en derecho nada es seguro y el mismo Tribunal Supremo puede cambiar de criterio".
Desde 2013
Las jubilaciones forzosas comenzaron a producirse en el año 2013 cuando el anterior Ejecutivo rechazó todas las solicitudes de los médicos para prolongar su vida laboral después de los 65 años. Sin embargo, el ya exconsejero de Sanidad, Sebastián Celaya, autorizó a varios profesionales para
continuar ejerciendo como médicos hasta los 67 años. En 2017, el Gobierno aprobó un plan que permite alargar la vida laboral dos años más a todos los facultativos
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