Redacción. Valladolid
El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid ha ordenado a la gerencia regional de Salud ejecutar la sentencia firme, que ganó la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, que obliga a reanudar la evaluación de los profesionales de la sanidad pública de Castilla y León para aplicar la carrera profesional correspondiente al año 2010 en un plazo improrrogable de 10 días.  Si la gerencia no lo hace, deberá pagar 600 euros cada 20 días en concepto de multa coercitiva.  El Juzgado señala que, en caso de impago, se ejecutará la multa contra el patrimonio personal del gerente regional.

El auto responde a la demanda de CCOO, a través de su Servicio Jurídico, de ejecución de sentencia que la consejería, a través de la gerencia regional, lleva sin aplicar desde 2013. De hecho el Juzgado ha demandado su ejecución en dos ocasiones, en octubre de 2014 y, de nuevo, en febrero de 2015.  El Juzgado da cinco días a la Gerencia Regional de Salud para alegar lo que considere oportuno o acreditar que está cumpliendo.  También apercibe al gerente regional de que serán promovidas responsabilidades penales contra él por desobediencia.

Mientras tanto, la Consejería de Sanidad ha desmantelado todos los órganos de evaluación que tenía para realizar el reconocimiento de la carrera profesional, que determina cuestiones como complementos económicos, promoción profesional, etc, según señala el sindicato. Comisiones Obreras cree que el objetivo es imponer las Unidades de Gestión Clínica entre los profesionales y, por ese motivo, ha torpedeado el sistema más justo de reconocimiento profesional al que ahora le obliga el Juzgado. Por eso volvemos a exigir que, en el menor plazo posible, se habiliten los órganos de evaluación y se reanude la carrera profesional, no ya porque lo demande la plantilla y lo exija este sindicato, sino porque un juzgado les obliga a hacerlo sin más dilación.

La consecuencia práctica de este comportamiento, asegura CCOO, será que la Administración tendrá que pagar una multa que puede alcanzar casi 11.000 euros al año, una cantidad que hay que sumar a los gastos realizados en el procedimiento jurídico que nos ha llevado hasta este momento con recursos imposibles de ganar por parte de la consejería, pero también pagados con el dinero de todos los castellanos y leoneses. A menos que el importe se le vaya a imputar al patrimonio personal del gerente regional de salud.