El nuevo modelo de negligencia médica amenaza al ejercicio médico privado

Los cambios que se avecinan en la normativa sobre indemnizaciones por negligencias médicas amenazan con obstaculizar a una sanidad privada que no es ajena al actual contexto de falta de profesionales. Según Ignacio Boj, director de MBE Legal y miembro del comité de expertos que trabajó en la elaboración del llamado baremo sanitario, uno de los motivos radica en el incremento de las primas de los seguros de responsabilidad civil, que son obligatorios para los facultativos que ejerzan por su propia cuenta y cuyo coste puede aumentar a partir de 2024. “No se está teniendo en cuenta la repercusión en un sector donde ya hay dificultades para encontrar trabajadores”, incide el jurista.

La fecha que puede marcar un punto de inflexión en el ámbito de la responsabilidad civil médica será el 1 de enero de 2024. Es decir, la misma en la que entrarán en vigor las modificaciones del llamado baremo de tráfico, que es el que se toma como base, con carácter orientativo, para valorar la cuantía de las indemnizaciones motivadas por perjuicios en sanidad. Dicha normativa -junto con la ya operada actualización de los criterios de cálculo de la indemnización por lucro cesante y ayuda de tercera persona que entró en vigor el 7 de octubre de 2022-,incrementará de forma significativa las reparaciones económicas por conflictos entre conductores, y, según Boj, puede tener también un “impacto importantísimo en las reclamaciones médicas”, especialmente en las consideradas más graves, como las que motiven secuelas neurológicas y grandes lesiones en general.

"No se están teniendo en cuenta las repercusiones que las modificaciones del baremo van a tener en la sanidad"

“Y sin duda, esto puede provocar un incremento de las primas del seguro de responsabilidad sanitaria que ya se estará empezando a calcular”, apunta el jurista y actuario de seguros, quien enfatiza la “importante repercusión” que este hecho puede tener tanto para las administraciones y también para profesionales y grupos hospitalarios privados que, según la Ley 44/2003 de Ordenación de Profesiones Sanitarias, están obligados a disponer de este seguro o un “aval o garantía financiera equivalente”.

En este sentido, Boj subraya que, a pesar de que la propia Ley 35/2015 establece en su disposición adicional tercera que esta servirá de referencia para la futura regulación de un baremo sanitario, “no se está teniendo en cuenta la repercusión que puede tener” la entrada en vigor de estas modificaciones del baremo de tráfico en el aseguramiento de un sector “donde ya hay grandes dificultades para encontrar profesionales”. Y, aunque entiende que no hay que ser “alarmistas”, destaca que “desde luego, las cosas no se están poniendo más fáciles”.

¿Un baremo específico para sanidad en 2024?

La solución, apunta Boj, no es sencilla; “Pero pasa por la regulación de un sistema de valoración de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria”. Se trata de un viejo anhelo de administraciones, profesionales y asociaciones de derecho sanitario que estuvo a punto de cristalizar en varias ocasiones pero que, bien por la inestabilidad política o por la irrupción del covid, entre otros factores, nunca vio la luz.

“Yo creo que la vez que estuvimos más cerca fue en la convocatoria del 2017, aunque el texto del anteproyecto que se estaba trabajando, aun distaba de ser el definitivo”, detalla Boj. Ese año, tanto él como su socio Javier Moreno formaban parte del equipo de 14 expertos del Ministerio de Sanidad a los que se encargó la elaboración de un baremo médico que ya tomaba como base, en todo caso, las indemnizaciones por accidentes de tráfico.

“La última sesión del Comité se celebró el 25 de abril de 2019, habiendo quedado en suspenso desde entonces sus trabajos, si bien entiende que sería deseable que se retomase esta iniciativa legislativa cuanto antes”, concluye.