Ricardo Martínez Platel / Imagen: Joana Huertas. Madrid

El nuevo baremo de tráfico espera su puesta en escena tras cinco años de trabajo. El próximo 1 de enero entrará en vigor una norma que sacia las demandas de las partes implicadas que reclamaban una actualización que se adaptase a los cambios sufridos por la sociedad desde 1995.

Ricardo Gonzalo.

La Fundación del Lesionado Medular y Aspaym de Madrid, junto con el Cermi,  han organizado una jornada donde se ha analizado el nuevo sistema legal de valoración de daños causados a las personas en accidentes de circulación. 

Ricardo Gonzalo, director general de Relaciones con la Administración de Justicia, ha destacado que esta iniciativat tiende a la objetivación de los daños y tendrá encuenta tanto los físicos, como los morales, lo que favorecerá la solución de acuerdos extrajudiciales. Es decir, la mediación se conertirá en una herramienta esencial para llegar a acuerdos que conllevarán menos costes y acelerará los plazos de indemnización.

La actualización del baremo de tráfico es una de las medidas que reclamaban las asociaciones de conductores y amplía el nivel de detalle en los criterios que determinan la cuantía de la indemnización en concepto de resarcimiento de gastos y pretende “racionalizar” el cálculo del “lucro cesante”, es decir, la ganancia legítima por parte de la víctima, como ha explicado Miquel Martín Casals, presidente de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema de Valoración de los Daños y Perjuicios por accidentes de Tráfico.

Para “racionalizarlo”, el nuevo sistema sustituirá el anterior modelo por uno nuevo procedente del ámbito de los seguros que determinará la indemnización correspondiente. Las nuevas condiciones de esta indemnización tendrán en cuenta no solamente los ingresos netos de la víctima sino también aspectos como el trabajo en casa (como las tareas del hogar) o la pérdida de capacidades futuras de menores o estudiantes, a los que también corresponderá una cuantificación en términos económicos, según a comentado Casals.

Luis Cayo, presidente del Cermi, y Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, han coincidido a la hora de señalar que esta normativa cubre "una necesidad social", que en palabras de Cayo, "hará la vida más fácil a las personas discapcitadas". Por su parte, De Futos, ha incidido en que "el baremo gana flexibilidad para ajustarse a las distintas tipologías de las familias".

Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa; Miguel Ángel García Oca, presidente de la Fundación del Lesionado Medular y de Aspaym Madrid; Ricardo Gonzalo, director general de Relaciones con la Administración de Justicia; y Luis Cayo, presidente del Cermi.