Redacción. Madrid
El proyecto de ley que reformará el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico continúa con paso firme tras su paso por el Consejo de Ministros. Justicia estima que la modificación de las indemnizaciones por muerte de la víctima se incrementarán una media del 50 por ciento y las indemnizaciones por secuelas en torno a un 35 por ciento de media.
La aprobación del proyecto de ley incluye, entre otros aspectos, resarcimiento de los gastos de tratamiento de lesiones por parte de las aseguradoras a los servicios públicos de salud y modifica el método de cálculo de las indemnizaciones a las víctimas, según ha indicado el ministerio.
La actualización del baremo es una de las medidas que reclamaban las asociaciones de conductores y víctimas de tráfico como necesidad urgente y el pasado mes de marzo alegaban que “las víctimas no pueden esperar más”, por lo que establecían como fecha límite para la entrada en vigor del texto el 1 de enero del año próximo.
El Gobierno espera que la norma tenga el visto bueno del Parlamento “en este periodo de sesiones”. Según Justicia, el nuevo baremo ampliará el nivel de detalle en los criterios que determinan la cuantía de la indemnización en concepto de resarcimiento de gastos y pretende “racionalizar” el cálculo del “lucro cesante”, es decir, la ganancia legítima por parte de la víctima.
Para “racionalizarlo”, el nuevo sistema sustituirá el anterior modelo por uno nuevo procedente del ámbito de los seguros que determinará la indemnización correspondiente.
Las nuevas condiciones de esta indemnización tendrán en cuenta no solamente los ingresos netos de la víctima sino también aspectos como el trabajo en casa (como las tareas del hogar) o la pérdida de capacidades futuras de menores o estudiantes, a los que también corresponderá una cuantificación en términos económicos.
Para el cálculo de las cuantías, se introducirá un coeficiente en el que influyen todos los factores contemplados en la norma, por lo que la cuantía correspondiente a cada víctima no dependerá de tramos fijos sino de un cálculo a partir de la combinación de factores como la duración del perjuicio, el riesgo de fallecimiento del perjudicado y la deducción de las pensiones públicas.