El pasado 29 de julio, el
Partido Popular se sirvió de la cobertura realizada por
Redacción Médica de la última sesión científica de la Real Academia Nacional de Medicina de España para interpelar al Gobierno sobre la tendencia a la judicialización del ordenamiento sanitario. En concreto, los populares se hicieron eco de la intervención de
Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), quien apuntó que la Ley actual es “incapaz” de dar repuesta a retos como los que supusieron el ébola o, más recientemente, el Covid-19. Lo cierto es que la respuesta del Ejecutivo, que considera que esta problemática se subsanará con el impulso de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, no según las fuentes jurídicas consultadas "no concreta las competencias de los gobiernos para que no sea necesaria la
intervención permanente de los jueces”.
El PP trasladó esta cuestión al Gobierno a través de una pregunta parlamentaria en la que recogió las opiniones del propio De Lorenzo, quien, durante su anterior comparecencia en la sesión científica de la
Real Academia Nacional de Medicina de España, manifestó que la legislación estatal “ha quedado descolgada de Europa” y
“no permite hacer frente” a situaciones de emergencia como la de la pandemia del coronavirus. Ejemplo de ello fue, subrayó, la constante judicialización de la desescalada de las restricciones impuestas por el gabinete de
Pedro Sánchez en el marco del
Estado de Alarma.
En el
escrito que registró en el Congreso de los Diputados, el PP consultó al Gobierno sobre si tiene previsto “tomar en consideración la solicitud realizada por el presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario sobre la Covid-19” e “impulsar,
liderar coordinar y poner en marcha” una
normativa más estricta que concrete “las competencias del Gobierno estatal y de los autonómicos”. El objetivo, recoge el documento remitido al Ejecutivo, es que “no sea necesaria la intervención de los jueces” para despejar las dudas legales de situaciones como las que arrastra consigo un Estado de Alarma. “De ser así, ¿cómo consensuará el Gobierno esas medidas con las comunidades autónomas?”, inquirieron los conservadores.
"Preparar" al SNS frente a amenazas
Este mismo martes llegaba a la Cámara Baja la respuesta del gabinete de Pedro Sánchez, que, en otro documento escrito, ha apelado a que el Ministerio de Sanidad ya está “tramitando en la actualidad el
anteproyecto de ley de la Agencia Estatal de Salud Pública”. Se trata de un organismo de nueva creación destinado a la “protección de la salud de la población frente a los riesgos” de naturaleza sanitaria, así como a la
“preparación” del Sistema Nacional de Salud (SNS) ante este tipo de amenazas.
Un plan que, según han informado a este periódico voces autorizadas del ámbito jurídico, no servirá para resolver los problemas provocados por la
“desfasada” legislación sanitaria de España que De Lorenzo indicó en su comparecencia en la sesión científica de la Real Academia de Medicina. “Lo que se pide es una normativa, una
cobertura de ámbito estatal que permita conocer las competencias del Gobierno central y de los autonómicos para que no sea necesaria la intervención permanente de los jueces”, recalcan estas fuentes.
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