En marzo entró en vigor la
nueva Ley de Contratación Pública, una legislación que ha venido a reformular toda la normativa en materia de concursos y acuerdos marco de las Administraciones Públicas y que afecta especialmente al sector sanitario, dadas las dudas que genera particularmente por la
variabilidad interpretativa de la que ya están haciendo gala las comunidades autónomas.
Sin embargo, el Estado
va a poner límite a la libertad de interpretación a la que se tendrán que enfrentar los proveedores sanitarios. Según ha podido saber
Redacción Médica, el Gobierno está preparando un desarrollo de la Ley de Contratación Pública que tiene como fin, precisamente,
poner coto a la incertidumbre con la que los proveedores afrontan la presentación de proyectos a día de hoy.
La idea es que este desarrollo legislativo se genere
a lo largo del verano y que, con total seguridad, esté terminado y en marcha antes de que termine 2018.
Diferencias
Sin embargo, este desarrollo estatal
no implica que vaya a desaparecer del todo la variabilidad autonómica. “Puede aclarar las cosas pero no terminará de solventarlas”, indica
Julio Víctor González, catedrático de Derecho administrativo y director del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional de la Universidad Complutense de Madrid, quien tuvo la oportunidad de conocer de cerca la formulación de la nueva legislación de contratación pública en el Congreso de los Diputados.
“Las diferencias legislativas son también resultado del país que tenemos”, aclara. “El Estado solo tiene competencias básicas, y la de contratación pública es una Ley que tiene muchas cosas y
cada administración pública tendrá que ir desarrollando lo que le toque”.
De hecho, “
la naturaleza de los entes obliga a diferentes grados de sujeción a la ley. No es lo mismo el sistema sanitario andaluz, que está basado en sociedades mercantiles, que otros modelos en los que los hospitales son organismos autónomos. Pero eso se irá viendo cuando vayan evolucionando los pliegos”, afirma.
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