La decisión del
Juzgado de Barcelona de indemnizar a una funcionaria de Justicia con más de
46.000 euros por el estrés que le provocó durante casi una década el
conflicto laboral ha abierto una nueva vía para poder compensar a aquellos trabajadores públicos que se han visto golpeados por
problemas de salud mental como consecuencia en sus puestos de trabajo, incluidos médicos, enfermeros o técnicos. Este escenario podría trasladarse hasta la sanidad, cuando se demuestre que los servicios de salud no han activado
las medidas pertinentes para proteger a la plantilla.
El abogado especialista en derecho laboral
Fabián Valero ha explicado a
Redacción Médica que este tipo de indemnizaciones económicas también podrían reclamarse en el seno de las actividades sanitarias, cuando se cumplan una serie de criterios que justifiquen el derecho de los profesionales a ser resarcidos por los problemas de salud mental ocasionados en su puesto de trabajo.
“No veo ningún problema para extender el mismo criterio a la sanidad”, ha reconocido.
Para conseguir este resultado judicial, es necesario demostrar que se ha producido un
"hostigamiento o acoso", sin que la administración haya puesto en marcha los “protocolos para proteger la salud del personal sanitario”. Algo en lo que se incluye también el impacto derivado de la "
sobrecarga de trabajo" que se procude en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
“Existe ese derecho a ser indemnizado y a que se ponga fin a la situación que pone en riesgo la salud de la persona trabajadora”, ha concluido el socio director de Zeres Abogados.
Este planteamiento legal llega en un momento en el que los sanitarios se han convertido en
uno de los colectivos laborales más golpeados por los problemas de salud mental, especialmente después de la pandemia de Covid-19. De acuerdo a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), hasta un
49 por ciento de los profesionales de la salud ha estado expuesto a presiones de tiempo o sobrecarga laboral con potenciales efectos para su bienestar emocional. Es la
cifra más alta de todos los sectores productivos y representa 17 puntos porcentuales por encima de la media general del conjunto de la población ocupada.
Las indemnizaciones por salud mental
Los hechos valorados por el Juzgado de Barcelona se remontan al año 2010 cuando arrancó una
“larguísima situación de conflictividad” entre un juez y una letrada de la Administración de Justicia. Como consecuencia, la demandante causó bajas laborales de manera repetida durante los siguientes diez años por
trastornos mixtos de ansiedad y de depresión derivados de un estrés laboral "grave". Algo que ha sido calificado como un
accidente laboral.
El fallo de la Sala número 8 de lo Social de Barcelona ha considerado responsables tanto al
Ministerio de Justicia como a la
Generalitat de Cataluña por haber infringido el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al no tomar medidas preventivas para poner fin a la situación. El juez ha considerado que ambas administraciones incurrieron en “
responsabilidad empresarial en la causación del accidente”.
“Una coordinación adecuada hubiera permitido discernir el riesgo en una dimensión transversal y adoptar medidas preventivas adecuadas en orden a su desactivación o minoración.
La omisión de esa obligación de caracterización legal favoreció la persistencia del riesgo en una proyección inaceptable y favoreció la causación del accidente de trabajo”, reza la sentencia.
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