La lentitud en el
acceso a ciertos medicamentos por parte de la población, especialmente a aquellos dirigidos a patologías raras, desluce el actual marco regulatorio sobre innovación farmacéutica. También el alto precio que conlleva su producción, apunta desde el 30 Congreso Nacional de Derecho Sanitario
Enrique Fraile, licenciado en Derecho, quien desliza sin embargo que en España hay herramientas que han arrojado resultados positivos a la hora de ahorrar en “procesos intermedios”. En el ámbito de la evaluación de medicamentos, por ejemplo, destaca el programa de armonización farmacoterapéutica vinculado al
Servicio Catalán de Salud, que según el jurista demuestra que es posible “reducir costes” durante el procedimiento.
Durante la defensa de su trabajo de fin de máster en esta cita jurídica anual organizada por la
Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), Fraile se ha referido al modelo de regulación y acceso a la innovación farmacéutica y la situación de las patentes, que garantiza la propiedad intelectual de las compañías y las insta a “seguir apostando por la investigación y el desarrollo”. Por ejemplo, con medidas como el
certificado complementario de protección, “muy importante porque permite extender cinco años” las patentes (la base son unos 20 años, aunque según Fraile “la burocracia hace que sean bastantes menos).
En declaraciones previas a
Redacción Médica, el joven ponía de relieve la extensa historia jurídica de la propiedad intelectual, que tiene entre sus hitos los
convenios de Berna y de París, ambos en la segunda mitad del siglo XIX, así como la declaración de Doha de 2011, que entre otras novedades “introdujo las
licencias obligatorias” en situaciones de emergencia nacional, deforma que los países “pueda producir medicamentos incluso sin el permiso del fabricante”. “Tienen que ser casos muy explícitos y extraordinarios, pero se han dado casos en
Brasil y Tailandia”.
Desigualdades en el acceso a medicamentos
No obstante, advierte de las “desigualdades” que siguen imperando en el acceso de la ciudadanía a ciertos tipos de fármacos, algo que se ha tratado de paliar con programas “que intentan abaratar los procedimientos intermedios” como el
Orphan Drug Act estadounidense (de 1983).
“Hay un caso español muy curioso en el Servicio Catalán de Salud, que tiene un
programa de administración farmacoterapéutica con una serie de criterios para poder evaluar sobre todo medicamentos huérfanos, de alto coste, consiguiendo reducirlo en un 20 por ciento”, ha añadido durante su intervención en este
30 Congreso Nacional de Derecho Sanitario.
Dicha herramienta fue lanzada en 2017, y, según el Govern, tiene como objetivo “garantizar un uso racional, sostenible y armonizado” de los medicamentos con acciones como la
evaluación de nuevos medicamentos y la priorización de la prestación según el valor añadido, la emisión de informes y la adopción de iniciativas “para gestionar y racionalizar” el uso de fármacos.
Más inversión en medicamentos genéricos
En cualquier caso, Fraile subraya la necesidad de que las administraciones sigan sumando esfuerzos en la financiación de genéricos para aproximar al país a los estándares europeos. “No puede suponer solo un
22 por ciento del gasto farmacéutico, está muy por debajo de la Unión Europea”, destaca.
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