Eduardo Ortega Socorro. Madrid
Tras un 2014 marcado por diferentes operaciones policiales que revelaron varias tramas de tráfico de medicamentos, el Congreso de los Diputados ha aprobado el endurecimiento de las penas para los responsables de estas prácticas ilícitas, que se enfrentarán a penas de entre uno y cuatro años, multas de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de dos a cinco años.
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Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados.
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Este incremento del castigo se ha abordado como parte de la reforma del Código Penal, a la que la Cámara Baja ha dado luz verde este miércoles, y ha sido propuesto en enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular. Dentro de ellas, se indica que estos delitos se penarán con el castigo citado “si se hubiera creado un peligro para la vida o la salud de las personas”; es decir, si ponen en riesgo la salud pública.
En el documento de la propuesta, se indica que la iniciativa “responde a la obligación de incorporar a nuestra normativa penal las conductas descritas en el ‘Convenio del Consejo de Europa sobre falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública’ hecho en Moscú el 28 de octubre de 2011, que ha sido ratificado por España”.
Estos nuevos castigos también se aplicarán sobre aquellos que, sin tener los permisos, elaboren o produzcan “un medicamento, incluidos los de uso humano y veterinario, así como los medicamentos en investigación; un principio activo; un excipiente; un producto sanitario, así como los artículos que estén específicamente destinados por su fabricante a ser utilizados de forma conjunta con él para que éste pueda ser utilizado de conformidad con lo previsto por el fabricante, u otros elementos y materiales que entren en la fabricación de productos sanitarios, estén destinados a ser utilizados en ellos, y sean esenciales para su integridad, de modo que se presente engañosamente”.
Esta pena también se ejecutará sobre quienes alteren “su identidad, incluidos, en su caso, el envase y etiquetado, la fecha de caducidad, el nombre o composición de cualquiera de sus componentes, o, en su caso, la dosificación de los mismos; su origen, incluidos el fabricante, el país de fabricación, el país de origen y el titular de la autorización de comercialización o de los documentos de conformidad; datos relativos al cumplimiento de requisitos o exigencias legales, licencias, documentos de conformidad o autorizaciones; o su historial, incluidos los registros y documentos relativos a los canales de distribución empleados, siempre que estuvieran destinados al consumo público, al uso por terceras personas o puedan afectar a la salud pública posterior, la cantidad, la dosis, la caducidad o la composición genuina, según lo autorizado o declarado, de cualquiera de los anteriores, de un modo que reduzca su seguridad, eficacia o calidad”.
Un reclamación escuchada por el Congreso
Aunque el texto reformulado todavía se tiene que someter al dictamen del Senado y volver al Congreso de los Diputados para ser votado de nuevo, todo indica que el tan reclamado endurecimiento de las penas por contrabando de fármaco de Belén Crespo, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), se va a producir.
Y es que hay que recordar que a lo largo de de 2014 se desarticularon cuatro tramas de tráfico de medicamentos, desvelándose el alcance nacional de la última de ellas, ‘Noisa’, durante las primeras semanas de 2015 y su relación con operaciones anteriores.
La situación ha provocado gran preocupación en la Administración, como revela que esta cuestión ha sido uno de los asuntos tratados en el último Consejo Interterritorial del SNS y que Crespo, en declaraciones a Redacción Médica, advirtió en diciembre de 2014 que este fenómeno revela “un inicio de fisura en el modelo farmacéutico español”.
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